La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una querella y acción civil resarcitoria contra la superintendente de Valores, María Lucía Fernández.
Esto en el marco del caso conocido como Aldesa por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.
Otros cinco funcionarios y extrabajadores de la superintendencia también figuran como demandados en el mismo expediente, N° 21-000054-0621.
Sus apellidos son Castro Esquivel, González Aguilar, Segura Cano, Arias Hernández y Mata Solís.
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Una de las exigencias de la PGR es que cada uno de los demandados civiles pague de forma solidaria ¢2.000.000 para un total de ¢12.000.000.
“A esta determinación económica del daño social deberá sumársele los intereses sobre esa cantidad como perjuicio. Y por ser consecuencia del daño producido, calculados, desde el momento de realizados los hechos, hasta su efectivo pago”, informó la Procuraduría a través de un correo electrónico.
El Ministerio Público también mantiene bajo investigación a la superintendente y otros de los funcionarios por el mismo caso.
Sobre esta investigación la superintendente Fernández indicó que no se referirá, por tratarse de un asunto legal dentro de un proceso judicial en la que figura como imputada.
“Le indico que me encuentro a la espera del resultado de la Audiencia Preliminar programada para setiembre próximo, y es ante esa entidad judicial a la que me referiré aportando los elementos de prueba para la defensa de mis intereses”, dijo.
Aldesa: inviabilidad económica
El pasado 23 de junio el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) revocó la autorización de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, una de las empresas reguladas de Aldesa Corporación de Inversiones.
Asimismo se determinó la separación de su conglomerado financiero. También, instruyó a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) para que realice las gestiones judiciales a efectos de solicitar el proceso concursal de liquidación de Aldesa SAFI.
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El anuncio se hace 10 meses después de que el Consejo ordenó la intervención de esta entidad.
Las decisiones se fundamentaron en su inviabilidad. Esto por cuanto presenta un déficit en la suficiencia patrimonial requerida, y en que sus accionistas no han realizado una propuesta adecuada con el fin de hacerla viable.
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