Sergio Arce
“Mi mamá falleció hace un año en la más absoluta miseria. Ella nunca supo lo que estaba pasando con su ahorros de toda una vida porque tenía Alzheimer”.
Este es el relato de Flora Fernández, hija de Raquel Amón, una de las personas afectadas por la suspensión de pagos de Aldesa Corporación de Inversiones desde 2019.
En marzo de ese año, la firma anunció a sus inversionistas que además del cese de pagos se presentaría ante el Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José una solicitud de administración y reorganización con Intervención Judicial.
Ayer, viernes 22 de julio, tras un largo proceso, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa. Esto como consecuencia de la incapacidad para efectuar un convenio con los acreedores para el pago de sus deudas.
Asimismo, se ordenó la conversión del proceso de convenio preventivo a un proceso de liquidación.
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El juzgado ordenó una convocatoria a los acreedores e interesados para que se apersonen a ejercer sus derechos. Esto dentro del plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la resolución.
“No hemos recuperado nada”
Una vez trascendió la noticia de la quiebra de Aldesa, Fernández contó que su objetivo ahora es que se “decrete la quiebra fraudulenta”.
Ella sostiene que inversionistas como su madre no han recibido “un cinco” del dinero que -dijo- le prometieron que le entregarían “en un plazo de tres años” después del anuncio del 2019.
Tras la muerte de Amón, su sociedad -que invirtió en Aldesa- pasó a manos de sus dos hijos. Ahora ellos aseguran que seguirán luchando por recuperar lo invertido en esta empresa.
Inversionistas conservadores
Amón al igual que otros adultos mayores utilizaban los servicios de Aldesa para inversiones conservadoras, es decir, muy seguras y con supervisión financiera.
Entre ellas, títulos de propiedad de Gobierno o las emisiones de titularización de los proyectos hidroeléctricos del ICE.
Periódicamente recibían los intereses de estas inversiones, lo que les permitía solventar gastos de su vida cotidiana y, al vencimiento de estos bonos, volvían a invertir los recursos.
Lo que no entiende Fernández es cómo y bajo qué tipo de asesoría su madre incursionó en productos para inversionistas sofisticados, fuera de la regulación, según contó a este medio en mayo del 2019.
“Ella me contó que le hablaban de inversiones en proyectos de vivienda para clase media y proyectos de energía limpia.
“A uno le parece muy bien que existan inversiones para esos temas, pero mi mamá no era una inversionista sofisticada, ella tenía bonos de Gobierno”, explicó en aquel entonces.
En su opinión, de alguna manera se pasó a un grupo de clientes a inversiones que con su perfil y su avanzada edad no comprendían.
“Los señores confiaban y no sabían que no eran bonos, sino proyectos inmobiliarios o de otro tipo”, agregó. Ella incluso apuntó que familiares de otros adultos mayores se le acercaron para relatar historias similares.
