Aunque en campaña el presidente electo, Rodrigo Chaves, llegó a pedir que se vetará la Ley de Empleo Público, la normativa entró en vigencia y dotarla de un reglamento será parte de la herencia recibida por el nuevo Gobierno.
La tarea recaerá en Laura Fernández, recién designada como Ministra de Planificación.
Tras ser anunciada en su nuevo cargo, Fernández señaló que “es una materia muy delicada y muy específica”. Aunque insistió en que no quiere adelantar criterio, sí marcó algunos pasos que podrían darse, arrancando por un proceso de diálogos sociales.
“Lo que quiero es liderar un equipo técnico robusto donde haya espacio para el diálogo, para verificar algunos aspectos un poco grises que quedaron en la ley, relacionados con sus ámbitos de apertura y otros”, detalló.
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De ahí, y con acompañamiento de expertos, se verían propuestas de ajuste.
“Si es del caso plantear algunas eventuales reformas que se pudieran necesitar en la ley aprobada”, comentó.
Además, podrían pedirse criterios de legalidad a la Procuraduría General de la República.
Eso sí, el trabajo con el texto actual no se frenaría y según Fernández se avanzará “decididamente” en la generación del reglamento clave. En ello se incluirá a varios entes autónomos que hasta ahora generaban sus propias reglas y ahora tendrán que responder a las nuevas reglas.
Los diputados electos de Liberación Nacional, Frente Amplio y Progreso Social Democrático ya han adelantado también su intención de hacer ajustes a la Ley Marco de Empleo Público (Alonso Solano/El Observador)
Un año para tener el reglamento a la ley de los ¢400.000 millones
La Ley Marco de Empleo Público se promovía desde el 2018 como un complemento esencial de la Reforma Fiscal.
El Gobierno saliente presentó un primer borrador en 2019 y pese a otros intentos, estos siempre fracasaron. Un nuevo aire al plan llegó en 2021 al incluirlo como el principal componente del Acuerdo con el FMI.
Eso permitió avanzar en su debate y en junio anterior se aprobó en primer debate. Llegó entonces una revisión en la Sala IV que señaló algunos ajustes y permitió reiniciar la discusión hasta su aprobación definitiva en marzo anterior.
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Oficialmente se espera que a ley genere un ahorro de entre 0,80% y 1,03% del PIB. Cada punto del PIB ronda los ¢400.000 millones.
Una de las principales metas sería el bajar la carga que representan los salarios públicos en la recaudación. Solo en 2021, por ejemplo, el 47% de los ingresos tributarios se fue en remuneraciones y la proyección para el 2022 es que la cifra ronde el 45%.
Pese a los pasos dados recientemente, la implementación de la norma contaba con una vía escalonada.
Lo primero es generar el reglamento en un plazo de 6 meses y luego esperar un año completo (hasta marzo del 2023) para darle plena vigencia al texto.
Costa Rica negoció un acuerdo por $1778 millones con el FMI, pero las entregas llegan en tractos según la aprobación de diversas leyes. (AFP)