Tomás Gómez
Con la publicación en La Gaceta de este miércoles, la reforma de Empleo Público completó su trámite para oficializarse como Ley de la República. Su implementación, sin embargo, aún está distante.
La propia ley indica que su entrada en vigencia debe darse hasta un año después de promulgada, es decir, en marzo del 2023.
A su vez, se debe preparar un reglamento que ordene todos los alcances que tendrá la norma y para ello hay un período de seis meses.
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No obstante, el Gobierno descartó emprender la tarea durante el plazo que le queda en Zapote.
“Son 12 meses lo que tenemos por delante, creo que sería para nosotros un poco precipitado dejarlo. Sería muy precipitado dejaron en los dos meses entendiendo que entra a regir en doce”, señaló el martes el presidente Carlos Alvarado.
Primeros pasos para la Ley
Durante la firma de la Ley de Empleo Público las autoridades confirmaron una primera revisión de los puestos que hay y señalaron que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coopera en el proceso.
Según Pilar Garrido, Ministra de Planificación, el primer paso que desarrollan es revisar los puestos para la equiparación hacia la unificación salarial.
Garrido detalló que están “estableciendo condiciones homólogas en poder avanzar en lo que es ese precepto de a igual trabajo, igual remuneración para que posteriormente en ese esfuerzo la siguiente administración pueda entonces pasar a construir esa valoración en función de los grados y a establecer puntos de remuneración con la columna salarial”.
Otro punto será definir las excepciones de la ley, dado que la autonomía de instituciones como municipalidades, universidades públicas y la Caja Costarricense de Seguro Social las libera de algunas regulaciones.
Diversos ministros firmaron la Ley Marco de Empleo Público el martes anterior (Tomás Gómez/El Observador)
Ahorro proyectado de ¢400.000 millones al año
La Ley Marco de Empleo Público se promovía desde el 2018 como un complemento esencial de la Reforma Fiscal.
El Gobierno presentó un primer borrador en 2019 y pese a otros intentos, estos siempre fracasaron. Un nuevo aire al plan llegó en 2021 al incluirlo como el principal componente del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Eso permitió avanzar en su debate y en junio anterior se aprobó en primer debate. Llegó entonces una revisión en la Sala IV que señaló algunos ajustes y permitió reiniciar la discusión hasta su aprobación definitiva el lunes anterior.
El Gobierno firmó la iniciativa el martes y según el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, se espera un ahorro de entre 0,80% y 1,03% del PIB. Cada punto del PIB ronda los ¢400.000 millones, según el jerarca.
Una de las principales metas sería el bajar la carga que representan los salarios públicos en la recaudación. Solo en 2021, por ejemplo, el 47% de los ingresos tributarios se fue en remuneraciones y la proyección para el 2022 es que la cifra ronde el 45%.
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La ratificación de Empleo Público ayudaría además con los desembolsos del acuerdo con FMI.
Tras una revisión hecha semanas atrás y con mejoras en otros indicadores, se espera la entrega de un nuevo desembolso cercano a los $300 millones. La entrega dependerá de la revisión del Consejo Directivo del Fondo.
Costa Rica negoció un acuerdo por $1778 millones con el FMI, pero las entregas llegan en tractos según la aprobación de diversas leyes. (AFP)
