Hermes Solano
La diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) María Marta Carballo, presentó ante la corriente legislativa un proyecto de ley que pretende generar una alerta ante la desaparición de mujeres mayores de edad.
Luego del caso de Kimberly Araya, quien al parecer perdió la vida a manos de su esposo -es el principal sospechoso de las autoridades- y estuvo 8 días desaparecida hasta que encontraron su cuerpo en el Zurquí, la legisladora considera vital tomar acciones que permitan una búsqueda más ágil.
Esta iniciativa es similar a la llamada “Alerta Amber” y que se utiliza en muchos países del mundo cuando desaparece un menor de edad.
“Presentamos un proyecto de ley que crea un protocolo con rango de ley para que el OIJ pueda generar una alerta cuando se dé la desaparición de una mujer y permita agilizar su búsqueda e investigación del caso”, explicó la legisladora.
“La alerta deberá ser difundida a la población por los medios de comunicación, redes sociales y telefonía móvil, de manera que a la ciudadanía le pueda llegar un mensaje con el nombre, la foto y otros datos de la mujer desaparecida”, añadió.
El protocolo establece que una vez notificado el Organismo de Investigación Judicial de la denuncia de desaparición o no localización de la mujer mayor de edad, se deberá solicitar y enviar la información necesaria para emitir una alerta al respecto.
Se utilizarán todos los medios de comunicación posibles, redes sociales, telefonía, radio y televisión. Dicha difusión será gratuita y hasta que se resuelva el caso.
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A todas las autoridades
La alerta debe contener toda la información relevante, esto con la intención de que la población tenga todos los datos que le permitan ayudar en la localización de la mujer.
La información que debe contener es el nombre completo, fotografías, cómo estaba vestida la última vez vista, el lugar donde la vieron y teléfonos, correos o lugar donde se debe brindar información.
Además, el proyecto determina que se enviará de inmediato a todas las autoridades en las fronteras, puertos, aeropuertos, servicios de guardacostas y a la Dirección General de Migración y Extranjería, para evitar la salida de la persona o de quienes exista sospecha o tenga información relevante para determinar la localización de la mujer.
“Esta iniciativa también permitirá al juez la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones sin que medie un proceso penal”, añadió Carballo.
La propuesta se tramita en el Congreso bajo el expediente 24.311.
