El Consejo Nacional de Rectores (Conare) insiste en reclamar contra la Ley de Empleo Público, que ya fue aprobada y hasta publicada en La Gaceta.
Durante el proceso de aprobación de esta normativa los académicos organizaron protestas y se pronunciaron en diferentes ocasiones. Ahora, emiten un nuevo posicionamiento con señalamientos contra la normativa.
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“Hay que iniciar acciones tendientes a la defensa de la institucionalidad democrática, la organización política de nuestro Estado social de derecho y de los distintos regímenes de independencia consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente en lo relativo al contenido y alcances de la Autonomía Universitaria”, indica el texto.
Agregaron un llamado a que las instituciones públicas hagan foros de análisis sobre la ley, “a fin de proponer y demandar las reformas que resulten jurídica y técnicamente procedentes”.
Las críticas de los rectores
Según el texto de los académicos, la aprobación de Empleo Público no tuvo suficientes espacios de diálogo. Además, a su criterio centraliza muchos alcances de la misma en el Gobierno.
Además, fustigaron a los diputados y sus consultas en la Sala IV, que dieron vía libre al debate.
“La consulta planteada por algunos diputados de la Asamblea Legislativa, de manera muy parcial y claramente omisa, ante la Sala Constitucional genera gran incertidumbre en torno a las materias y artículos excluidos”, señalan.
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“Eso se suma a la contenida en la resolución que emitió dicha Sala al haber condicionado la consulta sobre la interpretación y los efectos que se pudieran dar a algunas normas y la gran cantidad de otras consultas no evacuadas por considerarlas carentes de fundamentación, sobre todo las expuestas por instituciones autónomas”, agregan.
Finalmente, insistieron en que ellos tienen otros cálculos sobre el rendimiento económico del proyecto.
Empleo Público era el componente esencial del Acuerdo con el FMI y tras su aprobación se espera que llegue un nuevo desembolso (AFP)
Finalmente es ley
La Ley Marco de Empleo Público se promovía desde el 2018 como un complemento esencial de la Reforma Fiscal.
El Gobierno presentó un primer borrador en 2019 y pese a otros intentos, estos siempre fracasaron. Un nuevo aire al plan llegó en 2021 al incluirlo como el principal componente del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Eso permitió avanzar en su debate y en junio anterior se aprobó en primer debate. Llegó entonces una revisión en la Sala IV que señaló algunos ajustes y permitió reiniciar la discusión hasta su aprobación definitiva el lunes anterior.
El Gobierno firmó la iniciativa 8 de marzo. Según el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, se espera un ahorro de entre 0,80% y 1,03% del PIB; cada punto del PIB ronda los ¢400.000 millones, según el jerarca.
Una de las principales metas sería el bajar la carga que representan los salarios públicos en la recaudación. Solo en 2021, por ejemplo, el 47% de los ingresos tributarios se fue en remuneraciones y la proyección para el 2022 es que la cifra ronde el 45%.
Según la iniciativa, su vigencia arrancará en marzo del 2023. Antes deberá emitirse un reglamento tarea que recaerá en manos del próximo Gobierno.