Tras analizar la gestión de áreas protegidas, la Contraloría General de la República (CGR) encontró un cumplimiento medio que varía según las categorías.
En comparación con las condiciones de hace 5 años, las zonas protectoras mostraron una mayor mejoría, mientras que los parques nacionales mantienen una mejora general.
La situación, sin embargo, no se repite en todos los campos.
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Según la Contraloría, las principales deficiencias están en:
- Refugios de vida silvestre: son la categoría con menos avance en un lustro y debido principalmente a la dismunución de recursos muestran un impacto en sus actividades esenciales de investigación, monitoreo y visitación.
- Humedales: también impactados por falta de recursos. Estos espacios no abarcan las tareas de protección ambiental. Además, en su mayoría presentan complicaciones administrativas a falta de un plan de manejo.
En la calificación general, la Contraloría destacó a la vinculación entre actores como una de las principales deficiencias en las áreas protegidas.
“Existe una baja cooperación a lo interno del SINAC y con municipalidades para mejorar la gestión de las áreas, por cuanto en el 2019, solamente 32,19% indicaron que existe colaboración”, señala el informe.
También se presenta una baja calificación a la vinculación entre las áreas y las comunidades locales y pueblos indígenas aledaños, que más bien ha decaído.
Áreas protegidas desaprovechadas
Uno de los puntos más señalados por la Contraloría fue el poco aprovechamiento que se da a las áreas protegidas para su uso público.
El problema llega al nivel de que solo dos espacios cuentan con concesión de servicios no esenciales.
Además, falta monitoreo del impacto económico y social que podrían tener dichos lugares.
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“El impulso de estas actividades permitiría alcanzar un triple balance, que es la medida del éxito de un esfuerzo dado no solo en términos de su retorno económico, sino también en términos del valor ambiental y social que genera”, dice la auditoría.
Como ejemplo de ello se cita al turismo sostenible, con el potencial de asegurar la protección ambiental, el desarrollo socioeconómico de las regiones y la generación de recursos para las propias áreas protegidas.