Hermes Solano
Los magistrados de la Corte Supremo de Justicia aprobaron el informe de la magistrada Patricia Vargas que señala que el proyecto que busca reformas a la prisión preventiva afectaría al Poder Judicial.
Además, que tendría roces de constitucionalidad y por ende, se necesitaría de 38 votos en la Asamblea Legislativa para aprobarlo.
Esta situación no cayó muy bien en el presidente legislativo, Rodrigo Arias, quien considera que desde la Corte no han valorado la emergencia que está viviendo el país, con récord de homicidios, guerras de bandas y el narcotráfico apoderándose de cada rincón del país.
“Entiendo la opinión de la Corte, considero que es apegada a la legislación actual y con una visión muy jurídica del tema, pero no se está valorando el momento de emergencia que está viviendo Costa Rica”, mencionó Arias.
El proyecto de prisión preventiva fue dictaminado y está para discutirse en el Plenario. Esa iniciativa fue convocada por el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.
“Esta redacción es porque necesitamos cosas de emergencia, que modifiquen y den armas a los que están peleando todos los días contra el narcotráfico y los homicidios”, añadió el diputado.
Incluso, esa reforma a la prisión preventiva es un pedido expreso del Ministerio Público y también del Organismo de Investigación Judicial y por eso se colocó de número uno en la lista de prioridades que definieron los tres poderes de la República.
Criterio de la Corte
En el análisis hecho por la magistrada Vargas, esta reforma podría generar una pena anticipada para el sospechoso del delito.
“La prisión preventiva o detención provisional no es (ni puede ser empleada) como una pena anticipada. Se trata, en realidad, de una medida cuyo propósito debe ser exclusivamente procesal”, anotan.
A partir de los criterios de la Corte Interamericana plantean que:
- La prisión preventiva tiene que verse como medida cautelar y no una sanción anticipada
- Su aplicación debe ser excepcional
- Se puede aplicar si hay peligro de fuga y obstaculización
- La prisión preventiva no puede estar determinada por el tipo de delito
- A ello suman reservas sobre temas como la igualdad o la presunción de inocencia.
Una de las preocupaciones centrales del Poder Judicial fue la eventual ampliación de la lista de delitos que pasarían por la privación temporal de libertad.
Consideraron que se estaría generando una “prisión preventiva automática”, con altos impactos
“Aparte de que una reforma de esta envergadura no se compadece con nuestro orden convencional y constitucional, limita gravemente las facultades de jueces y juezas que son los llamados a ponderar las pruebas sometidas a su valoración para determinar si una medida cautelar es procedente y cuál de ellas se ajusta a la complejidad y particularidades del proceso”, detalla.
Gilberth Jiménez, presidente de Comisión de Seguridad. (Foto Cortesía/PLN).
Todos impactan
El nuevo presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilberth Jiménez espera que se tengan los 38 votos para avanzar en este proyecto y también fue enfático en que cualquier proyecto causará impacto.
“Todos los proyectos tienen impacto y puede tener alguna repercusión en el Poder Judicial. La situación que vive el país en seguridad requiere de acciones extraordinarias”, mencionó.
Considera que en el momento que vive el país, desde la Corte deben entender lo que se quiere hacer y apoyarlo, en pro de generar soluciones a la crisis de inseguridad que se está dando.
“Deben entender la naturaleza y apoyarnos”, fue su mensaje final.
