Tomás Gómez
De acuerdo con el criterio de los magistrados, el proyecto de ley para fortalecer la prisión preventiva tendría algunos roces con la Constitución Política y con varios tratados internacionales. A ello agregan que se trataría de una reforma que toca directamente al Poder Judicial, por lo que se necesitará de 38 votos en el Congreso para materializar la iniciativa.
Así se resume el análisis judicial del proyecto 23.986. Se trata de una de las iniciativas de la agenda de seguridad; y como parte de su aprobación tenía que pasar por el tamiz de la Corte.
El borrador estuvo a cargo de Patricia Vargas, de la Sala III.
“La prisión preventiva o detención provisional no es (ni puede ser empleada) como una pena anticipada. Se trata, en realidad, de una medida cuyo propósito debe ser exclusivamente procesal”, anotan.
A partir de los criterios de la Corte Interamericana plantean que:
- La prisión preventiva tiene que verse como medida cautelar y no una sanción anticipada
- Su aplicación debe ser excepcional
- Se puede aplicar si hay peligro de fuga y obstaculización
- La prisión preventiva no puede estar determinada por el tipo de delito
A ello suman reservas sobre temas como la igualdad o la presunción de inocencia.
Los magistrados mostraron preocupación con la intención de ampliar la lista de delitos a los que podría aplicarse la prisión preventiva. (Foto Archivo/El Observador)
“Prisión preventiva automática”
Una de las preocupaciones centrales del Poder Judicial fue la eventual ampliación de la lista de delitos que pasarían por la privación temporal de libertad.
Consideraron que se estaría generando una “prisión preventiva automática”, con altos impactos
“Aparte de que una reforma de esta envergadura no se compadece con nuestro orden convencional y constitucional, limita gravemente las facultades de jueces y juezas que son los llamados a ponderar las pruebas sometidas a su valoración para determinar si una medida cautelar es procedente y cuál de ellas se ajusta a la complejidad y particularidades del proceso”, detalla.
“La reforma prevé detenciones que, en esencia, serán de obligatorio decreto, se requerirán más recursos humanos y materiales para que los despachos involucrados (Defensa Pública; Ministerio Público, Juzgados Penales y O.I.J., puedan cumplir con sus labores”, suman.
Alegan que algo tan elemental como los espacios disponibles en celdas, o los servicios de custodia y transporte de personas deberían ser ampliados de forma considerable.
¿Qué cambiaría?
El proyecto en cuestión fue presentado en octubre por un grupo de diputados enczbazado por el liberacionista Gilberth Jiménez. A él se unieron otros legisladores de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.
De concretarse, algunos los cambios venideros serían:
- Se podrían usar la prisión preventiva si existiera peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad. El juez tendría que valorar las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que pueda desprenderse un riesgo fundado que pueda afectar su integridad personal, la vida o constituyan actos de terrorismo.
- En los casos asociados a delitos en flagrancia.
- Podría usarse el encierro preventivo en delincuencia organizada, delitos relacionados con estupefacientes, homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra personas menores de edad y delitos en los que medie la utilización de armas de fuego.
- Se participe a personas menores de edad en la comisión de hechos delictivos.
Lo que dijo el Ministro
Este lunes, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, dijo que el país podría seguir la tendencia de 900 homicidios para 2024, en tanto los grupos criminales continúen operando a la libre en Costa Rica.
“Esa predicción es cierta, en tanto y cuando, los sicarios que hoy operan en Costa Rica sigan operando libremente en las calles. Esa predicción dejaría de ser cierta, si a los sicarios los logramos detener o poner en prisión”, expresó el jerarca de Seguridad, este lunes, en conferencia de prensa.
“Esa sería la forma en que Costa Rica puede bajar la cifra de homicidios: lograr que las detenciones policiales tengan sentido en el impacto de la prisionización de estas personas ”, añadió.
Zamora indicó que si el país continúa bajo un sistema permisivo con las organizaciones criminales, las estadísticas incrementarse.
“Mientras el sistema les permita estar, nuevamente, en la sociedad delinquiendo esas cifras no las podremos cortar, porque en esos casos la Policía los ha detenido 10 o 15 veces, como lo dicen los registros en cada uno de los casos”, señaló Zamora.
“Entonces, se detienen a las personas en un sistema giratorio. En esta guerra de bandas lo que hemos visto es un incremento que cada vez están con más poder de fuerza, atacándose unos a otros, estamos observando que muchos de los sicarios vuelven a quedar libres”, amplió el jerarca.
