Paula Ruiz
Allan Arroyo
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, llegó a la Asamblea Legislativa este miércoles para presentar la ley que busca convocar a un referéndum.
Cerca de las 10:30 a.m., el mandatario acudió a la explanada frente al Congreso con un grupo de ministros. Ahí anunció el proyecto que llamó “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”.
El mandatario dijo que “le da la oportunidad a los diputados de legislar” de aprobar la consulta popular, “aunque no estén desacuerdo con los proyectos”.
Casa Presidencial anunció que de esta forma se activan dos vías para convocar el referéndum. Una por proyecto de ley que requiere el apoyo de 29 diputados y otra por recolección de firmas.
Chaves adelantó que esta tarde, a las 2 p.m., “un ciudadano distinguido” llegará al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para solicitar la autorización de recolección de firmas y activar el proceso por esa vía.
Sobre quien será la persona, Chaves no brindó detalles y dijo que ampliará sobre el contenido del proyecto en la conferencia de prensa de este miércoles, a las 12:30 p.m.
Con el proyecto de ley presentado, el texto confirma que la consulta irá enfocada en tres temas, incluidos en un mismo texto: reformar Ley de la Contraloría, aprobar construcción de Ciudad Gobierno y ampliar potestades de Japdeva
Advertencia el 2 de mayo
El presidente Chaves expuso la idea de una consulta popular el 2 de mayo, en su mensaje de labores ante los diputados.
Ahí expuso una lista de 7 posibles temas que presentaría a consulta de los ciudadanos:
- Jornadas 4-3
- Armonización del Mercado Eléctrico
- Reorganización de los Ministerios de Ambiente y Energía (Minae), Agricultura y Ganadería (MAG) y Obras Públicas y Transportes (MOPT)
- Construcción de Ciudad Gobierno
- Autorización para que Japdeva pueda desarrollar la terminal de cruceros
- Eliminar tarifas mínimas de honorarios profesionales
- Venta del BCR y Bicsa
Al final la lista final de redujo a tres ejes principales de consulta.
Tras ese mensaje presidencial ante el Congreso, el jerarca de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, expresó que la idea de convocar a un referéndum por parte del Poder Ejecutivo puede ser “un mecanismo caprichoso y vengativo para ir contra los Poderes de la República y contra nuestra institucionalidad”.
“Es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este congreso”, respondió Arias.
Esa declaración ha sido fuertemente cuestionada por Chaves, incluso este miércoles al acudir a Cuesta de Moras.
Contra el tiempo
En las últimas semanas, el Gobierno se asesoró con un grupo de abogados para definir la estrategia. Chaves se negó a revelar los nombres ante una consulta de este medio.
Una de los retos es el tiempo. El último día para poder celebrarlo es el domingo 27 de julio de 2025, es decir, cerca de 400 días.
Ese plazo máximo se debe a que la Ley de Referéndum establece que seis meses antes de realizar elecciones presidenciales, no pueden llevarse a cabo estos procesos populares y, los próximos comicios están programados para el 1 de febrero de 2026.
“Tiene que ser como para ayer, eso sí se lo digo por los plazos, justamente porque dependiendo de la ruta, en Congreso habrá que ver cuanto tiempo se tarda en lo que es el envío del decreto de convocatoria y su aprobación, se habla también de un plazo que hay para esto”, dijo Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, en declaraciones a El Observador.
“Después está el plazo de la recolección de firmas que hay que ver qué hay que enviar a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, que hay que ir al Tribunal (Supremo de Elecciones) y, eventualmente, a la Sala Constitucional”, amplió.
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En manos del TSE
Será el Tribunal Supremo de Elecciones el que defina los pasos a seguir si logra avanzar el plan en algunos de los mecanismos establecidos por ley.
Por ahora no están definidos los requisitos para una consulta de varios proyectos en el mismo referéndum.
“No ha tenido la oportunidad de hacerlo”. Así justifica el Tribunal Supremo de Elecciones, semanas atrás, el no tener definido si la solicitud de referéndum que quiere proponer el presidente Rodrigo Chaves requiere de 180.000 firmas para todos los proyectos o ese número para cada uno de ellos.
“Eso no lo ha definido el Tribunal porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo”, respondió Andrei Cambronero, jefe de despacho de la presidencia del TSE ante la consulta de El Observador.
En la historia política del país solo se ha realizado un referéndum, fue en el 2007 sobre el TLC con Estados Unidos y se hizo mediante un acuerdo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Por eso no hay jurisprudencia al respecto.
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En caso de presentarse la solicitud de referéndum, el Tribunal debe realizar todo el proceso de análisis de admisibilidad y es en el momento en el que emite la resolución y ordena hacer la plantilla cuando toma la decisión.
Así lo explicó Cambronero, siendo claro que a la hora de ordenar realizar las plantillas para la recolección de las firmas determinarán si son 180.000 o más las que se requerirán.
Y es que no hay nada por escrito que determine cuáles son los elementos o factores que lleven a los magistrados del TSE a definir el número de firmas que se requieren.
El proceso inicia cuando una persona o grupo de personas presentan el escrito de solicitud de referéndum al TSE acompañado del proyecto de ley, que puede estar en la corriente legislativa o que sea una propuesta nueva.
El Tribunal hace una valoración inicial de admisibilidad y lo envía al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para otro análisis. Ese dictamen es relevante porque definiría el número de votos que requiere para su aprobación.
Eso determina el umbral de participación que se requiere en el referéndum para que sea acogido como ley; es decir, si el proyecto en el Congreso requiere de 38 votos, se necesita de la participación del 40% del padrón; si son 29 votos, la participación debe de ser del 30%.
