Tomás Gómez
El Poder Ejecutivo anunció que el secretario del Consejo de Gobierno, Andrés Elizondo, realizará una investigación sobre los cuestionamientos que recaen sobre el decreto que estableció la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y que habilitó a los empleados de la Presidencia para acceder a los datos confidenciales sin restricciones.
Aunque inicialmente el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, sostuvo que no se planeaban sanciones por el caso del decreto, Zapote afirma el jueves anterior que el trabajo de Elizondo será la base para comenzar a sentar responsabilidades.
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“El objetivo de este paso que recabará pruebas, permitirá dilucidar con mayor exactitud los hechos acontecidos en torno a esta situación”, afirmó el departamento de prensa del Gobierno.
Será hasta después de esta etapa que se valorará la apertura de un proceso disciplinario contra los involucrados en el caso que tiene al Gobierno en una de las mayores crisis que ha enfrentado.
Una investigación más
Aunque la creación de la UPAD fue derogada el mismo día que por decreto se creó, los poderes que otorgaba y el posible uso de datos han generado una ola de dudas que motivaron la apertura de diversas investigaciones.
Así lo han hecho la Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía, tras la recepción de tres denuncias diferentes. A ellos se suma la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodehab).
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Además, en la Asamblea Legislativa se creó una comisión investigadora especial para ver el caso y el lunes comenzará una interpelación contra el ministro Morales, a quien también le espera una moción de censura.
Renuncias y allanamientos
El escándalo por el establecimiento de la UPAD arrancó su segunda semana con la Casa Presidencial allanada por primera vez en la historia.
Las diligencias se dieron en una investigación en que se sigue contra el mandatario Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
También se incluyó en el expediente a los asesores de datos Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, así como al abogado Luis Salazar – redactor del decreto junto a Fernández – y la jefa del despacho presidencial, Felly Salas.
El viernes trascendió que Salazar había renunciado a su cargo de asesor jurídico pero que se mantendrá como delegado para temas LGBTI ad honorem.
