La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) presentó este miércoles 10 medidas dirigidas a reactivar la economía y dar un respiro a las familias costarricenses más afectadas por la crisis provocada por la COVID-19.
Según explicó Julio Castilla, presidente de la CCCR, el planteamiento que la Cámara hace tanto al Gobierno como a la Asamblea deriva de una estudio realizado a las más de 800 empresas asociadas en la que se indagó sobre las afectaciones de estas.
Entre las medidas que resaltan, y que Castilla asegura que son posibles implementar a corto plazo, está reducir el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 13% al 10%, lo que según la CCCR implicaría una liberación de recursos para el consumo de alrededor del 0,9% del PIB.
Asimismo, el planteamiento lo completan estas propuestas:
- Reducir el impuesto de la renta para la clase media en 5 puntos porcentuales, lo que permitiría mayor ahorro para las familias
- Medidas en la CCSS: mantener el pago por jornada efectivo, que el trabajador independiente cotice igual que un asalariado y que se apruebe el proyecto de ley de jornadas flexibles 4/3
- Reducción de aportes patronales: que se exonere de la mitad del pago, a las personas físicas y jurídicas, del aporte patronal correspondiente a Fodesaf, Imas, INA, INS patronal, entre otras.
- Suspender la retención del I.V.A y renta con el pago de tarjetas y apoyar el proyecto número 21.977 presentado por el diputado socialcristiano Pedro Muñoz.
- Disminuir en 200 puntos base las tasas de intereses para pequeñas y medianas empresas en la Banca Pública
- Reducir la comisión de intercambio por el uso de datáfonos al 1%
- Depreciación acelerada de los activos al 50% del plazo
- Sicop como único sistema de compras públicas y modificación del artículo 2 de contratación administrativa. La CCCR pide incentivar la participación de las mipymes en la venta de servicios mediante las licitaciones correspondientes así como reducir el gasto público innecesario
- Mejorar la gestión de la Banca para el Desarrollo y replantear el modelo en cuanto a ajustes en normativas y evaluaciones del riesgo de los clientes, ante la dificultad que tienen las pequeñas empresas para acceder a créditos.
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Castilla hizo un llamado al Ejecutivo y al Legislativo a no cargar con más impuestos a las empresas del país. Según explicó, estas medidas planteadas son a corto plazo y pretenden oxigenar a las familias costarricenses tras la crisis provocada por el coronavirus.
Por su parte Jairo Mena, asesor económico de la Cámara, explicó que en las últimas semanas el ingreso de las familias costarricenses se vio disminuido, por lo que se deben tomar medidas que procuren disminuir los gastos de no consumo y de capital, y así mantener en la medida de lo posible que los gastos de consumo sean constantes.
Según los datos de la gremial, el consumo promedio de los hogares costarricenses se divide así:
- 65% gastos de consumo (transportes, alimentos y bebidas, servicios básicos, etc.)
- 14% gastos de capital (pagos a tarjetas de crédito, cuotas por préstamos, entre otros)
- 21% gastos de no consumo (contribuciones sociales, impuestos, etc.)
Aunque Castilla aseguró que las propuestas del Ejecutivo para reactivar la economía van en buen camino, la mayoría son a mediano y largo plazo, por lo que se necesitan medidas inmediatas. Se estima que la recuperación del sector comercio tendrá una duración de hasta 18 meses.
Asimismo, la Cámara de Comercio urgió el permiso para que los comercios puedan operar también fines de semana, para iniciar a reactivar la actividad económica.
Sector comercio golpeado
El sector comercio es uno de los más afectados por la crisis del COVID-19 (Manuel Sancho/El Observador)
Los comercios costarricenses son parte de los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 en el país.
Algunas cifras del último estudio hecho por la CCCR y la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) lo demuestran:
- Las pérdidas se estiman en ¢504 mil millones.
- 54% de las empresas afirma que las pérdidas superan el 50% de sus ventas.
- El 71% de las empresas se han visto obligadas a reducir sus operaciones de alguna forma, incluyendo una menor producción, cierre de sucursales, entre otras.
- Las personas desempleadas tras la crisis alcanzan las 23.000, mientras que se han suspendido cerca de 21.500 plazas. En total, se han visto afectados 44.609 trabajadores que se dedican a la actividad comercial formal.
Asimismo, indicó la Cámara de Comercio, las grandes empresas (con más de 100 colaboradores) alcanzan sólo el 1% de los 18.282 comercios formales del país, más de 13.000 son microempresas (73%) y el 26% restante corresponde a pequeños y medianos empresarios.
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