Allan Arroyo
Hace exactamente dos años, en su primer discurso como Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, reconocía que “si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, hemos fracasado como país, y el fracaso no es admisible para quien sirve a la Patria con amor”.
“Dense por notificados. ¡Busquen otro territorio! No toleraremos su presencia en nuestra patria”, decía en su toma de posesión. “No les daremos tregua”, agregaba el 8 de mayo de 2022.
Hoy, 24 meses después de haber asumido el mando, Costa Rica enfrenta un problema de inseguridad por una ola de homicidios y este año se proyecta a alcanzar o superar, de nuevo, la barrera de los 900 crímenes, como cerró el 2023 con 907.
Analistas en seguridad y política, además de las encuestas, colocan la inseguridad como un gran pendiente de esta administración, además de que regresó al primer lugar como la principal preocupación de los costarricenses.
En declaraciones a El Observador, en el marco de los dos años del Gobierno, el ministro de Seguridad Mario Zamora, dijo que espera que las estrategias “nos empiecen a dar resultado de reversión”.
“Vamos a trabajar con alma, vida y corazón en pro de la mejora y reducción de estas cifras de homicidio en Costa Rica”, agregó el jerarca, quien está próximo a cumplir un año de haberse sumado al Gabinete del presidente Chaves, en un cargo que ocupó hace 10 años.
Mario Zamora asumió el 11 de mayo de 2023 la cartera de Seguridad. Fue ministro en el Gobierno de Laura Chinchilla. (Foto Archivo / Presidencia)
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Cifras como evidencia
Al lunes 6 de mayo (último reporte oficial del Organismo de Investigación Judicial), el país registraba 308 homicidios, dos menos que el mismo periodo del año pasado. San José y Limón son las provincias con más incidencia.
También, los ajustes de cuentas o venganzas son los causas más comunes de los asesinatos que se cometen, por lo general, con arma de fuego y cuyas víctimas, en la mayor cantidad de casos, tienen un rango de edades de los 18 a los 39 años.
Si bien la tendencia de homicidios venía en aumento en la última década, fue en los dos años de este Gobierno que se alcanzaron cifras récord. Por ejemplo, en 2021 fueron 588, en 2022 656 y en 2023 los 907.
El año pasado, Costa Rica ocupó el puesto 17 entre los países más violentos de América Latina, al cerrar con una tasa de homicidios de 17,2 por cada 100.000 habitantes.
En un análisis publicado por el Ministerio de Planificación (Mideplan) en marzo, la meta de homicidios para el 2023 fue calificada como de “cumplimiento medio”, a pesar de que las cifras casi se duplicaron.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la meta era 490 h0micidios dolosos de hombres y el año pasado cerró con 830. En mujeres, se planteó como objetivo no superar los 55 y terminó en 71.
El total planteado era de 545, pero se superaron los 900. El informe apunta como razones del aumento: “la vulnerabilidad social y económica en ciertas comunidades derivada de la pandemia de COVID-19, la presencia y actividad del crimen organizado vinculado al narcotráfico y las disputas territoriales, así como la falta de recursos y capacidad del sistema de justicia para investigar y procesar delitos de manera efectiva”.
En el análisis de marzo pasado, la ministra de Planificación, Laura Fernández, destacaba que la meta no se cambió, a pesar de estar lejos de lograrla.
“Una mala práctica detectada en Planes Nacionales de Desarrollo anteriores, es que cuando se identificaba que una meta no se iba a alcanzar por el Gobierno de turno, se modificaba a la baja sin mayor justificación”, dice la jerarca en el reporte.
En el informe del presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo ante los diputados, el mandatario mencionó la cifra del 2023 y agregó que “la violenta guerra entre pandillas criminales es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado nuestro país”.
El ministro Zamora recuerda que la tendencia viene en crecimiento desde hace 10 años y enlistó a este medio condiciones del contexto costarricense que se relacionan con el fenómeno del sicariato y el enfrentamiento entre bandas o grupos:
- Comportamiento similar en otros países de la región
- Paso de droga por Centroamérica
- Influencia de grupos colombianos y mexicanos
El jerarca enfatiza que son las estructuras en la provincia de Limón las que más “han copiado estos patrones externos de eliminación de adversarios y disidentes internos a través del sicariato”.
“Sigue desbordando las capacidades”
El analista político Sergio Araya, opina con contundencia que la inseguridad desborda las capacidades, “no solo de la actual administración, sino también del Estado” costarricense en general.
“Es uno de esos temas pendientes, de esas deudas que no se han logrado solventar”, argumenta el analista.
Reconoce, además, que en algunos momentos se ha logrado reducir la incidencia, como sucedió en Limón a inicio de año por el aumento de la presencia policial del Ministerio de Seguridad y OIJ, pero sin ser posible sostener la estrategia en el tiempo.
Balaceras en lugares públicos se han intensificado este año. (Foto archivo / El Observador)
Araya también argumenta que existe una campaña de confrontación entre los poderes del Estado, que “tensa el asunto, se enrarece la relación entre los poderes, dificultando la construcción de soluciones que, de por sí son difíciles ante una problemática compleja.”
El experto en política hace referencia a las constantes polémicas, críticas y enfrentamientos que llegan desde Zapote en contra de los diputados por el lento avance, según el Gobierno, de los proyectos sobre seguridad presentados en abril de 2023.
También sobre los cuestionamientos de Chaves y parte de su equipo de trabajo a las decisiones que toman los jueces y el Poder Judicial, que, argumentan, dejan en libertad a los detenidos.
Chaves insiste en una legislación más fuerte y de “mano dura”, dijo en una de las recientes conferencias de prensa.
“Crudas y contundentes”
“Nada de lo que se ha hecho, no solo en este Gobierno, sino nada de lo que se ha hecho anteriormente ha servido de mucho”, opina el exjefe del OIJ y criminólogo, Gerardo Castaing,
El experto sostiene que las cifras reflejan una realidad que califica como “cruda” y contundente”.
Castaing apunta que el Ministerio de Seguridad tiene la responsabilidad de prevenir el delito, antes de que el OIJ y el Ministerio Público deban actuar. Aquí subraya condiciones que no ayudan al trabajo de los cuerpos policiales, entre ellas la falta de presupuesto para más personal y mejor equipo.
Fuerza Pública apostó a comprar motocicletas y no patrullas por temas de presupuesto. (Foto Tomas Gomez / El Observador)
“Seguridad Pública está haciendo el esfuerzo, un esfuerzo encomiable pero no pueden hacer milagros”, dice ante la necesidad de tener al menos cuatro policías por turnos en cada distrito para tomar el control del país, como propone.
A su criterio, un punto por corregir es el poco aumento del personal policial, mientras la población sí crece y con ella los delitos.
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Castaing puntualiza también medidas preventivas y controles que deben asumir otras entidades estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la oficina que regula los espectáculos públicos y, en específico, los programas de televisión, como medidas preventivas y sociales que tendrán frutos al mediano y largo plazo.
Además, el criminólogo apunto a la educación desde los hogares y las familias y evitar el uso de las tecnologías a temprana edad de los menores, que los exponen a material sensible en medios electrónicos y redes sociales.
“Es preocupante en 10 y 15 años”, dice en referencia al acceso a los dispositivos móviles, sin la adecuada supervisión y control de los padres, madres o encargados.
“El Gobierno debe replantear la situación desde todo punto de vista, económico, estratégico, táctico”, apunta finalmente Castaing.
Salarios y escáneres
Presidente Rodrigo Chaves dedicó una sección de su discurso el 2 de mayo al bloque de seguridad. (Foto Alonso Solano / El Observador)
“No otorguemos más poder al crimen organizado”, fue parte del mensaje del presidente Rodrigo Chaves ante los diputados el 2 de mayo.
En ese informe de labores, el mandatario destacó las medidas implementadas en su estrategia de seguridad. Mencionó entre otras cosas:
- Contratación de 1.004 nuevos policías y otros 1.000 más en lo que resta del 2024.
- Colocación de escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín. Estados Unidos donó 4 más para los puertos de Caldera y Moín, además de Paso Canoas y Peñas Blancas, que el Gobierno espera estén listos y en operación a finales de este año.
- Invertir ¢20 mil millones de colones anuales para mejorar el salario de todos los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.
- ¢88 mil millones para mantenimiento a 48 delegaciones policiales en todo el país, además de construir seis delegaciones nuevas.
- Cambios en la Policía de Control de Drogas (PCD).
Chaves pide, además, de manera insistente, el avance de los proyectos de ley que las mesas de trabajo de los supremos poderes del Estado han calificado como prioritarios.
“Hasta el momento, el Congreso solamente ha aprobado dos proyectos de esta lista”, reclamó en su informe de labores.
En medio de críticas, representantes de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo se han reunido para discutir los proyectos de seguridad prioritarios. (Foto Hermes Solano / El Observador)
Zamora por su parte calificó como un reto el fenómeno que enfrenta Costa Rica. El jerarca de Seguridad se mostró optimista de revertir la tendencia en la segunda mitad del Gobierno.
“Estos primeros dos años hemos venido creando elementos de orden estructural que no se habían hecho en los últimos 10 años”, dijo. Aquí resaltó la contratación de oficiales y escáneres, como lo hizo el mandatario.
También el ministro subrayó el uso de radares en el futuro y una mayor coordinación con cuerpos policiales de naciones como Panamá y Estados Unidos.
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