El pasado 25 de enero se cumplió un año de la aprobación de la ley de comercio al aire libre.
Se trata de una iniciativa que nació para “promover el comercio, el aprovechamiento del espacio público, la seguridad ciudadana y generar mayor actividad económica”.
El ahora exdiputado Roberto Thompson, uno de los que impulsó el proyecto en el pasado cuatrienio, asegura que el texto procura apoyar al sector gastronómico, uno de los más golpeados por la pandemia.
Sin embargo, 12 meses después esta ley no se ha podido implementar por las diferentes municipalidades ante la falta de reglamentos, lamentan comerciantes, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el propio Thompson.
En la acera del frente, Rafael Arias, de la Municipalidad de San José, asegura que el gobierno capitalino ya puso en marcha la aplicación de la ley, pese a que aún no hay normativa.
Incluso, invitó a los propietarios o arrendatarios de negocios que desean sacarle provecho al espacio público adyacente para que hagan las solicitudes.
Lo que propone la ley y la realidad
La ley permite el otorgamiento de patentes comerciales y licencias especiales (autorizaciones de comercio al aire libre) para la venta de alimentos y bebidas en espacios como aceras, parques, plazas, calles u otros lugares.
Pero, ante todo, para los atentados o licenciatarios situados en establecimientos comerciales que se encuentren en propiedad privada, no para ventas ambulantes.
Igualmente, las municipalidades deben establecer el monto a pagar por concepto del derecho de uso de espacios públicos.
La ley dio un plazo de seis meses a los municipios para la reglamentación local. Pero la Cámara Nacional de Restaurantes y Afines (Cacore) dice que a estas alturas no hay visos de esto ocurra.
“El gran problema es que la ley está y es bastante buena, pero que yo sepa ninguna lo ha reglamentado. La que yo sepa que está más cerca es la de San José. El resto no sabe nada. Es una lástima porque es una ley cuyo fin principal es la reactivación económica.
“Es muy común que en este país pasen leyes buenas, pero suele pasar que las municipalidades o no las reglamentan o las reglamentan pero echan a perder el espíritu de la ley”, expresó Eliot Campos de Cacore.
Thompson fue aún más crítico. El también exalcalde de Alajuela -entre el 2011 y el 2018- acusó a la falta de “interés y desidia” de los gobiernos locales para echar a andar la ley.
“Yo creo que ha habido poco interés en la mayoría de las municipalidades de hacer uso de este instrumento. En algunos casos por desconocimiento y en otros por desidia.
“Creo que si se entendiera bien de qué trata (esta ley) se estaría aprovechando para procurar una mayor reactivación de un sector que lo necesita, pero también mejorar el entorno urbano y hasta la seguridad ciudadana”, expresó.
Lo que se está haciendo
Carlos Ruiz, asesor de Incidencia Política de la UNGL, confesó que el proceso para que la ley entre en vigencia ha tomado más tiempo de lo estipulado.
En entrevista con El Observador, Ruiz dice que su representada elaboró un borrador de normativa para que cada municipio lo estudiara con calma y, ante todo, entendiendo su realidad.
Esto porque no en todos los cantones es posible dar permisos para colocar mobiliario en las aceras en virtud del ancho de estos pasos, que usualmente son angostos.
Aquí es importante -agregó- que se tome criterio de las unidades de planificación urbana en vista de que las aceras deben contar con un 1,70 metros de espacio libre de circulación en el marco de la ley 7600.
Ruiz apuntó también que cada ayuntamiento debe establecer la metodología de cobro de las tarifas por parte de cada departamento de patentes. Una propuesta es que no supere el 50% de lo que cada negocio ya devenga por su patente vigente.
En todo caso, el vocero de la UNGL reconoce que se le debe dar mayor visibilidad a la ley entre los municipios.
Campos, de Cacore, mencionó que su representada -de la mano con la Unión de Emprendedores- trabajan en identificar a algunas municipalidades clave para apoyar en el ordenamiento de la ley.
Estas son: San José, Alajuela, Nicoya, San Carlos y Curridabat. De hecho, ya hubo acercamientos con dos de ellas. El plan es abarcar a un mayor número.
Arias, de la municipalidad josefina, apuntó que el gobierno capitalino ya entregó en este 2023 varios permisos, incluso antes de tener el reglamento. No identificó a los negocios ni la cantidad.
El funcionario adelantó que la otra semana está prevista la aprobación de la normativa, que -indicó- servirá para que otros ayuntamientos la utilicen como base. Esto porque, dijo, ya varias de ellas la han pedido.
“No es cierto que no se puede, al menos con la Municipalidad de San José. Hasta este momento no tenemos solicitudes. La ley está y no requiere la aprobación del concejo”, expresó.
Riesgo a sanciones y multas
Dariel Fallas es el copropietario de Café Otoya Bistró (en el centro capitalino), un negocio que ha abogado desde antes de la aprobación de la ley para permitir el uso de espacios públicos.
Frente a este negocio -ubicado al lado de la embajada de México- hay una zona verde que se estuvo utilizando para que algunos clientes tomaran café o probaran algunos de los platillos.
(Archivo/El Observador)
Sin embargo, inspectores municipales llegaron a sitio y les prohibieron hacerlo. En aquel entonces argumentaron que el ancho de la acera no lo permitía.
“Pero si la ley dice que deben quedar 1,70 metros de espacio libre de circulación y la acera frente al café mide unos 2,50 metros… no entendí el por qué de la medida en aquel momento”, manifestó Fallas.
Ante esto, él y otros comerciantes alzaron la voz para contar con el instrumento legal que les permitiera usar los espacios públicos. Y hace un año el anterior gobierno de Carlos Alvarado lo invitó a Casa Presidencial para la firma de la ley.
Un año después no ha podido aprovechar ese espacio verde frente al café, a pesar de que interpuso una moción ante el Concejo para uso temporal, sin que hasta la fecha haya humo blanco.
Ahora su esperanza es que efectivamente el municipio apruebe el reglamento para poder volver a atender a clientes en el espacio verde, sin temor a una multa o, en el peor de los casos, al retiro de la patente.