Visión País

Superintendencias presentarán proyecto de ley para proteger al consumidor financiero

por Josué Alvarado
Observador CR

Las cuatro superintendencias financieras, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y el Banco Central de Costa Rica presentarán a Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca una mayor protección para el consumidor financiero.

La decisión toma relevancia en un momento en que se registra un aumento de los fraudes que se cometen contra los ahorrantes costarricenses, al atacar sus cuentas bancarias mediante distintas modalidades delictivas.

El texto ya está listo y ahora se espera a que los nuevos diputados arranquen con su labor para presentar el proyecto, según confirmó la superintendente de Entidades financieras y Pensiones, Rocío Aguilar.

En una entrevista con El Observador, Aguilar señaló que esta no es una iniciativa que nació de cero, sino que fue sustentada en otras que ya habían llegado a la Asamblea con el mismo objetivo: otorgar a los costarricenses mayores herramientas para defender su patrimonio.

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“Yo le veo mucha viabilidad porque cada vez nos hemos sensibilizado más en la importancia y derechos de los consumidores financieros”, señaló Aguilar, sin especificar el contenido del proyecto, que será revelado en los próximos días.

Eso sí, se sabe que el texto abordará tanto los derechos que tienen los consumidores, como los deberes que deben cumplir las entidades con sus clientes, con el fin de mantener segura su información y el patrimonio.

“Yo vería muy buen ambiente, ya lo tenemos listo, estamos esperando poder presentarlo en un plazo muy corto”, añadió Aguilar.

Autoridades preocupadas por fraudes 

La semana anterior distintos actores del sector económico y judicial costarricense hicieron pública su preocupación por el incremento en los fraudes que se cometen contra los costarricenses.

Los datos dicen que solo para este año el perjuicio económico de los afectados por este delito asciende a los ¢1.000 millones, según un cálculo hecho por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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