Tomás Gómez
Luego de un tibio inicio, la Declaración Jurada de Bienes, que se presenta anualmente en la Contraloría General de la República (CGR), cerró con un cumplimiento del 98,76% de los obligados.
Según el ente contralor, de 21.000 documentos esperados, llegaron 20.739 declaraciones.
El plazo de formalización había arrancado el 2 de mayo y hasta el viernes anterior solo se contabilizaba un 42,25% de entregas.
La fecha límite venció el miércoles a medianoche. Unos 250 no cumplieron con el trámite.
La declaración y su control está regulada por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Para este 2024 cabe destacar que la lista de obligados es más grande pues tanto los jerarcas municipales que abandonaron el cargo como los que ingresaron el 1° de mayo debían presentar las llamadas declaraciones iniciales o finales.
La información que pide Contraloría
Las personas obligadas deben detallar la totalidad de su patrimonio al ingresar y salir del cargo, así como actualizar la lista año con año.
A partir de esa información, se hacen cruces con la base de datos del Registro Nacional, relacionada con bienes muebles, inmuebles y participación en juntas directivas de sociedades mercantiles.
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Los datos recibidos son analizados por el ente contralor y de ser necesario, pueden pedirse materiales adicionales y aclaraciones.
“Cuando lo estime oportuno, la Contraloría General de la República podrá examinar y verificar, con todo detalle, la exactitud y veracidad de las declaraciones, de conformidad con los procedimientos y las facultades que le otorgan la Constitución Política y las leyes”, indica la legislación.
La información quedará guardada de forma confidencial. Pueden acceder a ella solo la propia Contraloría, así como el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa en casos de investigación justificada.
¿A quiénes les tocaba declarar?
En la lista de los obligados a declarar están:
- Diputados
- Presidente de la República
- Vicepresidente de la República
- Ministros con o sin cartera
- Viceministros
- Magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.
- Jueces y juezas
- Contralor y subcontralor
- Defensora de los Habitantes
- Defensor adjunto de los Habitantes
- Procurador general
- Procurador general adjunto de la República
- Fiscal General de la República
- Fiscales del Ministerio Público
- Rectores de universidades públicas
- Contralores y subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior
- Regulador general
A estos cargos se suman:
- Superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes
- Los oficiales mayores
- Miembros de las juntas directivas
- Presidentes ejecutivos
- Gerentes y subgerentes
- Auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas,
- Regidores, los propietarios y los suplentes
- Alcaldes municipales
- Empleados de las aduanas, los que tramiten licitaciones públicas y quienes custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, así como quienes aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos.
