Tomás Gómez
Las declaraciones juradas que deben presentar anualmente más de 20.000 funcionarios públicos a la Contraloría General de la República (CGR) se convirtieron en la nueva vía con la que los delincuentes intentan cometer sus estafas.
Según advirtió la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA), se ha detectado a personas haciendo llamadas fraudulentas. En ellas alegan que hay supuestas denuncia por delitos incluidos en la Ley contra la Corrupción y por ello piden información personal.
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Incluso utilizan logos oficiales de la FAPTA y del Ministerio Público.
“El despacho informó que nunca ha requerido ni requerirá datos para el cambio de claves, accesos de usuarios o información bancaria, por teléfono, correo electrónico o WhatsApp”, dijo Fiscalía.
La Contraloría confirmó que se han identificado no solo llamadas, sino también mensajes de WhatsApp y correos donde se pide el cambio de claves o ajuste de datos, pero que estos son falsos.
“No debe prestar atención a estos comunicados pues tienen un propósito delictivo, ni debe suministrar ningún tipo de información, tampoco debe ingresar a ningún vínculo que reciba por correo electrónico”. advirtió la institución.
Las declaraciones ante la Contraloría
Cada mes de mayo la Contraloría abre la recepción de declaratorias personales, donde cada funcionario debe mostrar su situación patrimonial, logrando así una comparación de los cambios año con año.
Están obligados a cumplir con la norma:
- Diputados, Presidente y Vicepresidentes de la República, Ministros y Viceministros.
- Magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.
- Jueces y juezas
- Contralor y subcontralor, Defensora de los Habitantes, Procurador, Regulador
- Rectores de universidades públicas
A estos se suman:
- Superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes
- Los oficiales mayores
- Miembros de las juntas directivas
- Presidentes ejecutivos
- Gerentes y subgerentes
- Auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas,
- Regidores, los propietarios y los suplentes
- Alcaldes municipales
- Empleados de las aduanas, los que tramiten licitaciones públicas y quienes custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, así como quienes aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos.
