Tomás Gómez
Loa métodos de ejecución de los prestamos están al margen de la ley y así lo demuestra la estadística del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La institución analiza esta figura como eventuales extorsiones. Eso sí, por la forma en que afectan a las personas, ya se han venido mapeando características específicas.
“En la narración se puede determinar que los hechos corresponden a una extorsión proveniente de un préstamo ‘gota a gota'”, expuso el OIJ.
En el primer semestre del 2023, el total de extorsiones denunciadas fue de 874. De estas, 320 ingresaron a la categoría de los préstamos informales (lo que representa un 37%).
Geográficamente la amenaza está extendida. De las 7 provincias, solo Guanacaste no registra denuncias:
Según el Código Penal, este delito se configura cuando una persona obliga a otra -bajo intimidación o amenazas- a tomar medidas que dañan su patrimonio.
La pena normal es de 4 a 8 años de prisión. Se puede elevar de 5 a 10 años cuando la presión abarca manipulación informática, electrónica o tecnológica.
¿Será delito?
Uno de los problemas de los préstamo “gota a gota” es que no configuran delito en el país.
La Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados así lo ha venido advirtiendo.
El grupo de expertos suma que las prácticas cobratorias de estos grupos también abarcan ilícitos como la violencia, las amenazas, lesiones, privación de libertad, además de las ya mencionadas extorsiones.
OBSERVE MÁS: “Ley de Usura” dejó al país más vulnerable a los préstamos “gota a gota”, un factor clave de la inseguridad
El equipo preparó como paliativo un proyecto de ley para regular lo que denominan “usura extorsiva”, que funcionaría así:
Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa el que, aprovechando la necesidad económica, estado de pobreza o calamidad social, ligereza o inexperiencia de una persona, le hiciera dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con las condiciones del préstamo o la obligará a otorgar garantías de carácter extorsivo. La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario.
La pena será de nueve meses a tres años o de treinta a cien días multa, cuando el delito fuera cometido por quien hallándose o no dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero con garantía personal o prendaria, sobre sueldos o salarios no llevara libros de contabilidad conforme a las exigencias legales o no presentara para su inscripción en el Registro de Prendas, en los casos en que estas se constituyan en documento público o en que el acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento en que consta la operación dentro de un plazo no mayor de sesenta días posteriores a la fecha en que se constituyó el contrato.
El que hallándose o no dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero procurare su cobro, obligare o hiciera prometer al deudor cualquier ventaja pecuniaria evidentemente ilegal o desproporcionada con su prestación, ya sea, de forma personal o por interpósita persona, valiéndose de intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 o 125 de esta ley, la pena será de tres a diez años de prisión. La pena será de cuatro a doce años de prisión si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la Ley Contra la Delincuencia Organizada
PROYECTO DE LEY
La iniciativa fue acogida por los diputados Gilbert Jiménez (PLN) y Gloria Navas (Nueva República), que ya la elevaron en la Asamblea Legislativa.
Exclusión financiera elevó los “gota a gota”
Aunque son un fenómeno que lleva décadas en América Latina, la situación con los préstamos “gota a gota” se está agravando en Costa Rica.
El propio Ministro de Seguridad, Mario Zamora, los incluye en su diagnóstico sobre la violencia que golpea al país.
Desde la acera financiera los expertos también advierten la correlación entre la Ley de Usura aprobada en el Congreso anterior y los financiamientos paralelos. La norma impuso límites artificiales a los intereses, lo que trajo una expulsión de miles de personas de la bancarización formal.
Dado que las necesidades de crédito no desaparecen, la opción se ha concentrado en recurrir a estos mecanismos.
OBSERVE MÁS: ‘Ley de usura’ no ha mejorado acceso al crédito, señala asociación de microfinanzas
Este mismo lunes la Asociación Costarricense de Microfinanzas hizo un llamado a regular la situación para frenar la violencia asociada.
La Asociación recalcó que las autoridades tienen los recursos limitados y el problema puede ser aún más grande. “El porcentaje de reporte de estas amenazas y agresiones en instancias judiciales son mínimos ante el temor a represalias, estamos verdaderamente ante una situación catastrófica para las poblaciones más vulnerables”, sostuvo la vicepresidenta Mónica Navarro.
El grupo optó por pedir que se avance con la propuesta del PUSC para la atender la situación. No obstante en total hay 3 reformas haciendo fila:
