Tomás Gómez
La Fiscalía y la Procuraduría ganaron los reclamos contra el juicio por un supuesto tráfico de influencias, del cual salieron absueltos dos años atrás el alcalde capitalino Johnny Araya; el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal Berenice Smith.
Aunque en 2021 el Tribunal eximió a los tres de responsabilidad “por duda”, las teorías deberán exponerse y debatirse nuevamente.
El Tribunal de Apelación invalidó la primera resolución, ordenando así que se reinicie.
“Se anula integralmente la sentencia y se ordena el respectivo juicio de reenvío, el que deberá ser efectuado en el mismo tribunal con una integración diversa”, señala el voto 2023-606; emitido la semana anterior por la jueza Ana Isabel Solís.
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Los abogados defensores Francisco Dall’Anese, Federico Campos y Juan Marcos Rivero también se habían sumado a la apelación, no obstante, durante la alzada se determinó que no se verían sus reclamos ante la orden de reiniciar el proceso.
Repetir juicio siempre es una posibilidad
Trascendida la noticia del nuevo juicio, las defensas señalaron que estaba dentro de lo presupuestado.
“El juicio de reenvío siempre es una posibilidad en este caso y en cualquier otro, y no tiene preocupación alguna la Defensa del señor Araya Monge de enfrentar de nuevo el proceso”, apuntó Alfonso Ruiz, del equipo legal del alcalde josefino.
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“Sabemos de su inocencia y estamos seguros, que el único resultado posible será siempre la absolutoria, como ocurrió en el debate anterior”, continuó.
El jurista apuntó que la repetición se debe a un “error de procedimiento”.
A ello sumó que la defensa de Gamboa presentó un reclamo como “actividad procesal defectuosa” por la integración del Tribunal de Apelación.
Libres pero regañados
La acusación contra Araya, Gamboa y Smith tenía como punto de partida una solicitud de información hecha por el diario La Nación a la Fiscalía en el 2015.
En ella el rotativo cuestionó los procesos en contra que tenían los candidatos a las alcaldías, entre ellos Araya.
En un primer momento el político figuró en un expediente, pero pocos días antes de la elección su nombre pasó de imputado a testigo.
Este cambio generó las dudas y la apertura del expediente.
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El proceso original se llevó entre febrero y marzo del 2021. Durante la primera sentencia, el tribunal recriminó la forma en que los investigados se comunicaban y los tiempos en que ello ocurría.
No obstante esos reproches, no fue posible demostrar delito alguno según las normas del Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal.
En medio, se pidió analizar el proceder de una fiscal.
