El presidente Carlos Alvarado sigue defendiendo su proyecto del tren eléctrico aun y cuando su Gobierno no podrá dejarlo ni siquiera licitado.
Así lo hizo esta semana luego de que la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) alertara sobre el vacío que estaría dejando la actual administración en la cartera de obras públicas.
“Sí hay proyectos. Hay un proyecto de más de $1.000 millones, financiado al 0,4%”, dijo en alusión al tren. Luego elevó su costo a $1.500 millones y lo definió como “el proyecto más grande de inversión pública de construcción, probablemente uno de los más grandes de la región”.
Alvarado, que en otros momentos definió al tren como su principal plan de “reactivación económica”, insistió en que la construcción podría implicar miles de contrataciones.
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De manera complementaria, defendió como legados de su Gobierno el Paacume (proyecto de agua para Guanacaste) y un préstamo por $500 millones para infraestructura hospitalaria.
“Si sumamos $1.500 (millones) del tren, $500 de Pacume, $500 de los hospitales, solo haciendo un recuentro rápido yo creo que ahí hay una cartera importante”, dijo.
Además, contestó a los señalamientos de la CCC diciendo que en los últimos años se habían ejecutado varias obras y por eso la cartera estaría vacía. Parte de esos proyectos, sin embargo, provenían de Gobiernos anteriores.
¿Fue un fracaso para Alvarado no avanzar con el tren?
El tren eléctrico fue uno de los principales temas del Gobierno de Alvarado y de su esposa, Claudia Dobles.
Aunque la meta era al menos dejarlo licitado, el plan falló y según reconfirmó el Incofer, el plan no saldrá durante los meses que quedan a la administración del PAC.
Consultado sobre si consideraba un fracaso no haber dejado el listo su plan, el mandatario contestó que “no”.
El proyecto del tren avanza actualmente en varios frentes. Por un lado se buscaron oferentes incluso fuera del país y por otro se está a la espera de que los diputados definan si aprueban o rechazan el préstamo para la construcción.
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En el proceso, diversos entes dentro y fuera del país han advertido las falencias del plan gubernamental.
La Contraloría General de la República, por ejemplo, detectó que el proyecto se basó en análisis previos deficientes que podrían impactar de manera negativa la iniciativa.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), halló por su parte problemas de diseño, mal cálculo de la demanda y señaló la fragilidad financiera del país como para asumir un plan de esa magnitud.
