Voz de América
Una organización con sede en Washington analiza los patrones de acoso digital y ciberataques “que estigmatizan” a mujeres periodistas en el entorno salvadoreño. Apunta que algunos delitos no se investigan en parte porque sistema de justicia “está cooptado”.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington DC, presentó este jueves el estudio ‘Mujeres periodistas en primera línea: desafíos para la Libertad de Prensa en El Salvador’.
Allí analiza los abusos y ataques a las periodistas, con los que se “afectan los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a información”.
Ambiente nocivo para ellas
El entorno en El Salvador para las comunicadoras se ha vuelto nocivo, según el informe de 64 páginas.
Esto porque “existe un patrón de violencia que se caracteriza por el acoso digital y los ciberataques; la estigmatización y mensajes de odio en razón a su género; y amenazas con componentes sexuales”.
La investigación revela que los riesgos para mujeres periodistas han aumentado durante la administración de Nayib Bukele, en una tendencia in crescendo en los últimos cinco años, en parte por la proliferación de redes sociales.
Pero, indica el informe, desde el actual gobierno –a través de plataformas digitales- las comunicadoras enfrentan con frecuencia intentos de ridiculización. Así como calificativos que cuestionan su inteligencia y capacidad, desde instancias estatales.
“Las agresiones y violencias contra mujeres periodistas no ha iniciado con el gobierno del presidente Bukele. Pero sí se han intensificado, como parte de una práctica estatal. No son hechos aislados”, dijo Leonor Arteaga, directora del programa Impunidad y Graves Violaciones a Derechos Humanos de DPLF.
Efecto silenciador
El informe consigna además que tales acciones contra mujeres periodistas tiene un “efecto silenciador y de intimidación”. Y no solo contra las comunicadoras, sino contra todas las de su género “que quieren alzar su voz”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró solo durante el año pasado 205 denuncias. De ellas un 32% corresponde a víctimas mujeres y personas de la comunidad LGBTQ. El número superó los 125 casos que APES contabilizó en 2020 y los 77 casos del año 2019.
La Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) ha expresado también su preocupación ante la “creciente hostilidad” para el ejercicio de la libertad de expresión en El Salvador.
Y esta afecta especialmente a periodistas independientes, al grado de emitir medidas cautelares para una sala de redacción completa el año pasado.
El presidente de El Salvador en repetidas ocasiones ha negado cualquier ataque a la prensa y ha dicho que los medios que le acusan de atacar a los periodistas publican “mentiras”.
