Confidencial, Nicaragua
El Gobierno de Canadá sancionó este miércoles a 15 miembros del régimen orteguista, entre ellos ministros, diputados, asesores presidenciales, altos jefes de la Policía Nacional, y a la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo.
Las sanciones son en “respuesta a las continuas violaciones de derechos humanos que se comenten en Nicaragua”, según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense.
Entre los sancionados se encuentran el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalván; el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes Ramírez y la fiscal general Ana Julia Guido.
Completan la lista: José Jorge Mojica Mejía, conocido testaferro de la familia presidencial; Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de Brigada del Ejército y director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Las sanciones incluyen la congelación de activos en Canadá, la prohibición de realizar cualquier transacción con ciudadanos dentro o fuera del país y restricciones migratorias.
Estos altos cargos se suman a nueve funcionarios del régimen que fueron sancionados por Canadá, en junio de 2019.
Estos son: Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta de Nicaragua; Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y el director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega y Murillo, el primer comisionado Francisco Javier Díaz Madriz.
Graves violaciones de DD.HH.
Canadá argumentó que “desde 2018 el Gobierno de Nicaragua ha cometido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos contra su pueblo”. Entre ellas “campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y la represión de cualquier oposición política”.
“A pesar de los continuos llamados de Canadá, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y socios internacionales, el Gobierno de Nicaragua se ha negado a implementar reformas significativas.
“Esto para garantizar que su pueblo pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021”, según el comunicado de la Cancillería canadiense.
“En cambio, el Gobierno de Nicaragua ha intensificado sus ataques contra los derechos civiles y políticos y ha arrestado arbitrariamente a más de 20 destacadas figuras de la oposición y posibles candidatos presidenciales desde junio de 2021”, añade la nota de prensa.
Estos 15 funcionarios ya han sido sancionados por Estados Unidos, en diferentes fechas. Los más recientes fueron Camila Ortega Murillo, Edwin Castro, Ovidio Reyes y Julio Rodríguez, el pasado 9 de junio.
Estados Unidos ha sancionado a estos funcionarios por corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses.
Insultos de Murillo
A inicios de julio, la vicepresidenta Murillo arremetió contra Canadá por el caso de unas tumbas de niños indígenas en antiguos internados gubernamentales descubiertas recientemente. Ella lo calificó como “prácticas inmorales y absurdas, nada lejanas del nazismo hitleriano”.
Asimismo desautorizó a sus autoridades para juzgar al Gobierno de su esposo, el presidente Daniel Ortega.
“No concedemos a Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestro camino”, dijo, en una alocución del 1 de julio.
“Tantas hipocresías, señores gobernantes de Canadá, tanta osadía, tanta miseria humana no tiene nombre ni perdón. Se ufanan de 60 años de relaciones (con Nicaragua), de juzgamientos, se atreven a juzgar (…). Qué les cuesta aceptar que los ojos, los suyos, están llenos de telarañas y de pajas, lo sabemos”, insistió Murillo.
Ese mismo día, la Cancillería de Nicaragua indicó en una nota de prensa: “Ese país (Canadá), sus gobernantes y sus líderes, han agotado las narrativas de la desvergüenza, pretendiendo encubrir la barbarie, con caridades y vanidades repudiables”, continuó.
Canadá ha apoyado las resoluciones contra el Gobierno de Ortega en la OEA,que insisten en que el exguerrillero sandinista respete los derechos humanos y la Constitución de Nicaragua.
Y también que libere a los presos políticos y garantice que las elecciones de noviembre próximo, en las que busca una nueva reelección, sean transparentes.
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