Tomás Gómez
Luego de trascender la primera acusación por el llamado “Caso Cochinilla”, estaba pendiente conocer si la Procuraduría General de la República (PGR) se sumaría para representar al Estado como víctima y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), como institución donde se habrían dado los hechos.
La PGR confirmó que sí se apersona, mediante la Procuraduría de la Ética Pública.
El ente confirmó también que se estaría presentando la acción civil, que reclama el daño económico.
“Respecto al monto del eventual daño, se está revisando”, sumó la institución.
En el caso del Conavi, la consulta se mantiene en trámite.
Según la normativa, la PGR y el CONAVI cuentan con tres días hábiles para informar a la Fiscalía Anticorrupción su decisión definitiva.
En caso afirmativo, contarán con 10 días más para elaborar los documentos. Posterior a la tramitología que conllevan estas gestiones, la Fiscalía Anticorrupción presentará el expediente ante el Juzgado Penal de Hacienda, con solicitud de apertura de juicio.
En la foto aparecen actores del denominado caso Cochinilla durante las audiencias judiciales en Goicoechea. (Foto Archivo/El Observador)
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El caso
Fue la mañana del 14 de junio del 2021 cuando el país vivió una megajornada de allanamientos. Estos iban desde Casa Presidencial hasta empresas privadas, pasando por varios entes públicos.
Se ventiló en ese momento el expediente 19-000025-1218-PE, que analiza la manera en que se habrían movido varias contrataciones de obras públicas.
En esa causa principal hay 67 personas bajo la lupa y la investigación continúa. No obstante, se determinó que lo que se han revisado actuaciones específicas, las cuales permitían generar dos causas por si mismas; que se lanzaron bajo el número 24-000130-1218-PE, amparadas bajo dos supuestos hechos.
“El primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con CONAVI. Pues, según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada”, afirma el Ministerio Público.
“Lo anterior, con el fin de generar beneficios directos e indebidos en favor de la constructora para el pago ágil de facturas millonarias; correspondientes a trabajos realizados por la compañía”, ampliaron.
La segunda parte se enfoca en H Solís.
“Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos, es decir, para que realizaran actos contrarios a sus deberes dirigidos a adecuar el presupuesto del CONAVI a satisfacción de los intereses particulares de la empresa constructoras”, reza la comunicación de Fiscalía.
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La Fiscal Anticorrupción, Johanna Rodríguez detalló además algunas trabas que han llevado la investigación.
“Dentro de la investigación se han presentado algunos atrasos. Entre ellos han sido la apertura telefónica y además algunas apelaciones que se encuentran pendientes aún de resolver en el Tribunal Penal de Hacienda”, contó.
12 personas y 3 empresas bajo la lupa
Respecto a la primera acusación, se conoció que se identificó a 12 personas.
La mayoría provienen del sector privado:
- Cerdas Araya (dueño de MECO)
- Bolaños Salazar
- González Carballo
- Arce Alpízar
- Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís)
- Naranjo Vargas
- Abarca Quesada
- Godínez Abarca
A ellos se suman funcionarios y exfuncionarios del Conavi, identificados como:
- Solís Murillo
- Carmona Rivas
- Meléndez Cerdas
- Zúñiga Fallas.
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Dentro de la causa se aprovecha también la normativa incorporada en el proceso de la OCDE que da responsabilidad penal a las empresas. Al menos tres entes entraron también en la acusación.
La fiscal Rodríguez dijo que también se incluyen en el proceso tres personas jurídicas.
