Tomás Gómez
Un total de ¢80 millones. A esa cifra asciende la indeminzación por daño social que la Procuraduría General de la República (PGR) estará pidiendo en la primera acusación asociada al llamado “Caso Cochinilla”.
El reclamo -conocido legalmente como Acción Civil Resarcitoria- se divide entre los dos grupos empresariales investigados:
- Para Carlos Cerdas, Constructora Meco y otros, por cuatro supuestos delitos de penalidad del corruptor en modalidad de cohecho propio, en la suma de ¢10 millones por imputación; para un total de ¢40 millones.
- Contra Mélida Solís, Constructora Hernán Solís SRL y otros, por supuestos delitos de penalidad del corruptor en modalidad de cohecho propio, se concretaron pretensiones de $20 millones por cada delito acusado; para un total de ¢40 millones.
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“Adicionalmente se solicitó el reconocimiento de los intereses que generen esas sumas y las costas del proceso”, indicó la PGR, que actúa como abogado del Estado en estos casos.
El ente también recordó que el señalamiento se asocia solo a la primera acusación lanzada semanas atrás; mientras que el expediente central sigue bajo investigación.
Cabe resaltar además que la acusación, publicada a finales de abril, habilitaba que se sumaran la PGR y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), como uno de los epicentros del caso. En el caso de la Procuraduría, ya quedan completos sus reclamos. El Consejo confirmó semanas atrás que se sumaría al proceso y aún están por conocerse los montos económicos que reclamará.
El caso
Fue la mañana del 14 de junio del 2021 cuando el país vivió una megajornada de allanamientos. Estos iban desde Casa Presidencial hasta empresas privadas, pasando por varios entes públicos.
Se ventiló en ese momento el expediente 19-000025-1218-PE, que analiza la manera en que se habrían movido varias contrataciones de obras públicas.
En esa causa principal hay 67 personas bajo la lupa y la investigación continúa. No obstante, se determinó que lo que se han revisado actuaciones específicas, las cuales permitían generar dos causas por si mismas; que se presentaron bajo el número 24-000130-1218-PE, amparadas bajo dos supuestos hechos.
“El primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con Conavi. Pues, según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada”, afirma el Ministerio Público.
“Lo anterior, con el fin de generar beneficios directos e indebidos en favor de la constructora para el pago ágil de facturas millonarias; correspondientes a trabajos realizados por la compañía”, ampliaron.
La segunda parte se enfoca en H Solís.
“Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos, es decir, para que realizaran actos contrarios a sus deberes dirigidos a adecuar el presupuesto del CONAVI a satisfacción de los intereses particulares de la empresa constructoras”, reza la comunicación de Fiscalía.
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La Fiscal Anticorrupción, Johanna Rodríguez detalló además algunas trabas que han llevado la investigación.
“Dentro de la investigación se han presentado algunos atrasos. Entre ellos han sido la apertura telefónica y además algunas apelaciones que se encuentran pendientes aún de resolver en el Tribunal Penal de Hacienda”, contó.
12 personas y 3 empresas bajo la lupa
Respecto a la primera acusación, se conoció que se identificó a 12 personas.
La mayoría provienen del sector privado:
- Cerdas Araya (dueño de MECO)
- Bolaños Salazar
- González Carballo
- Arce Alpízar
- Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís)
- Naranjo Vargas
- Abarca Quesada
- Godínez Abarca
A ellos se suman funcionarios y exfuncionarios del Conavi, identificados como:
- Solís Murillo
- Carmona Rivas
- Meléndez Cerdas
- Zúñiga Fallas.
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Dentro de la causa se aprovecha también la normativa incorporada en el proceso de la OCDE que da responsabilidad penal a las empresas. Al menos tres entes entraron también en la acusación.
La fiscal Rodríguez dijo que también se incluyen en el proceso tres personas jurídicas.
