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La ciudad de Rosario, ubicada a 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, es la tercera más grande de Argentina y durante décadas era conocida por ser la cuna de algunas de las figuras más destacadas de la historia argentina, desde el Che Guevara hasta Lionel Messi.
También es un lugar de importante simbolismo patriótico, ya que allí está el Monumento a la Bandera, en el lugar donde Manuel Belgrano la izó por primera vez.
Pero en los últimos años Rosario fue dejando atrás su fama ilustre para convertirse en la ciudad conocida por ser la más peligrosa del país.
Una violencia que se ha acrecentado en los últimos días con los asesinatos a sangre fría de un joven trabajador de una gasolinera, dos taxistas y un conductor de autobús, todos muertos a tiros, y al azar, por sicarios.
Son varios los informes que muestran que Rosario tiene la mayor tasa de homicidios de Argentina.
En 2023, el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de Tres de Febrero determinó que en 2020 hubo 16,4 personas asesinadas cada 100.000 habitantes.
Se trata de una tasa superior a la de la “villa miseria” más peligrosa de Buenos Aires, la Villa 31 de Retiro, donde la cifra de muertes violentas fue de 12,9 el mismo año.
Según el Observatorio de Seguridad de la empresa Verisure, en el año último Rosario también fue la ciudad que más hechos delictivos registró en el país.
Detrás de estas penosas cifras se esconde un flagelo que ha convertido la vida de muchos rosarinos en una pesadilla: el narcotráfico.
El periodista de La Nación Germán de los Santos explicó a BBC Mundo que Rosario tiene “una tasa de homicidios cuatro veces mayor que el promedio nacional” debido a “una lucha entre bandas por el control del tráfico de drogas en la ciudad”.
Un violento negocio de “narcomenudeo” generado por el hecho de que Rosario -el principal puerto agroexportador de Argentina- está estatégicamente ubicada sobre uno de los principales canales de transporte del país, la Hidrovía Paraguay-Paraná, que, además de trasladar soja y otros bien, también es utilizada para contrabandear droga, en particular cocaína, con destino a Europa y Oceanía.
“Hay más de 30 puertos en el área, lo que ha convertido a Rosario en una ciudad donde la droga puede circular ampliamente. Y eso ha impulsado la pugna por el control del tráfico para la venta interna”, señaló De los Santos.
“Una anomalía narco”
Pero su ubicación no es el único motivo que explica por qué Rosario tiene un problema de narcotráfico mucho más grave que el de otras ciudades argentinas, incluyendo los suburbios más pobres de la provincia de Buenos Aires, la zona más poblada del país.
Según la periodista del diario Clarín, Virginia Messi, tampoco se debe al “volumen de droga que se mueve en la calle”.
Para Messi, Rosario es “una anomalía narco” por la “extrema violencia” que ejercen quienes se reparten el microtráfico, y “el descontrol” que existe, con “más de 30 bandas” operando y extorsionando, a pesar de que sus cabecillas fueron apresados.
“Todos y cada uno de los jefes narcos de la ciudad -con Ariel “Guille” Cantero (35), Esteban Lindor Alvarado (44), y Julio Andrés Rodríguez Granthon (30) a la cabeza- están presos hace años“, detalla la periodista, nombrando al líder de la mayor banda de Rosario, Los Monos, y a dos de sus rivales.
“Sus segundas y hasta terceras líneas también cayeron, al igual que los lideres de otros clanes como los Ungaro, los Funes o los Pillines”.
Sin embargo, al igual que lo que ocurre con bandas criminales en otros países, como los famosos Comando Vermelho y Primer Comando Capital de Brasil, los jefes narco han continuado dando órdenes desde prisión, amparados por fuerzas policiales y de justicia corruptos.
Mientras tanto, Rosario se ha sumido en una “caótica” batalla territorial entre bandas que, atomizadas por falta de grandes organizaciones hegemónicas, luchan por controlar un barrio o una zona puntual para el microtráfico, según estableció una investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe en 2022.
Son estos enfrentamientos los que han multiplicado las muertes, señala el informe.
Plan Bandera
Pero esta dinámica que imperó por años ha cambiado con la llegada al poder del actual gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del presidente Javier Milei, quien nombró como su ministra de Seguridad a su exrival política Patricia Bullrich (quien ya había ejercido ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri).
Tras asumir en diciembre, tanto las autoridades provinciales como las nacionales implementaron una serie de medidas para poner fin a la violencia narco.
Pullaro anunció -el mismo día de su asunción- “un plan de contingencia y emergencia operacional, que va a volcar todos los recursos disponibles a la prevención en calle”.
“Vamos a intervenir progresivamente ocho barrios en Rosario y cuatro en Santa Fe, mediante una acción estatal concertada tendiente a reducir la violencia, atacar la venta de droga y restablecer la paz social”, afirmó.
También dijo que ya no permitiría a los capos de las bandas operar desde las cárceles. “Vamos a terminar el ‘homeoffice’ de los delincuentes desde los lugares de detención“, prometió.
Unos días después, a mediados de diciembre, acompañó a Bullrich en el lanzamiento del llamado Plan Bandera, un operativo en el que fuerzas federales trabajan a la par de las provinciales para combatir el crimen organizado.
El Plan también prevé la creación de pabellones de máxima seguridad para separar a “sicarios y narcos” de los “presos comunes”, y celdas de aislamiento para los reos más peligrosos, e incluye periódicos controles en las cárceles en busca de celulares clandestinos.
A principios de marzo, el gobernador Pullaro difundió imágenes que mostraban una requisa sorpresa. Las fotos -que remitían a las imágenes de las cárceles de El Salvador bajo el gobierno de Bukele- mostraban a presos con el torso desnudo, maniatados en el suelo, mirando hacia abajo y rodeados de policías armados.
Pullaro -quien en enero había informado que debió mudar a su familia debido a las reiteradas amenazas de muerte que recibieron- publicó las imágenes con la leyenda: “Cada vez la van a pasar peor“.
Fueron estas acciones -que han sido cuestionadas como excesivas por algunos- las que habrían llevado a las bandas a ordenar los asesinatos al azar de las últimas semanas.
Un mensaje escrito a mano dejado junto una de las víctimas amenazaba con “matar a más inocentes” si no se permitía a los presos salir de su aislamiento. “Queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia”, decía la nota.
A pesar de la escalada de violencia, las autoridades aseguran que sus medidas están resultando exitosas.
A finales de febrero, Bullrich reportó que a dos meses del inicio del Plan Bandera los homicidios cometidos en la vía pública de Rosario bajaron un 57%.
Envío de militares
Tras los últimos incidentes, esta semana el gobierno nacional puso en marcha un comité de crisis y anunció el envío a Rosario de las Fuerzas Armadas para ser sostén logístico y táctico de todas las fuerzas federales que ya están operando (incluyendo a la policía, la prefectura y la gendarmería).
“Hoy ya estamos hablando de narcoterrorismo”, aseguró la ministra de Seguridad al presentar el plan.
Según la legislación argentina, los militares pueden brindar ayuda logística dentro de sus fronteras pero solo pueden intervenir activamente en caso de amenazas externas.
El martes, el presidente Milei reveló que analiza ampliar las facultades del ejército en Rosario.
“Estamos evaluando enviar (al Congreso) una nueva Ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales“, contó durante una entrevista con Crónica TV.
Aunque Pullaro se mostró a favor de esta opción, y el resto de los gobernadores expresaron a través de una carta un fuerte respaldo a las acciones que vienen llevando los gobiernos provinciales y nacional en Rosario, la posibilidad de sumar al ejército -si se envía el proyecto de ley- generará polémica.
Por un lado, están quienes ven con preocupación que los militares vuelvan a ejercer la fuerza dentro del país, tras las violaciones a los derechos humanos que cometieron muchos de sus integrantes durante los “años de plomo”, en los 70 y 80 (crímenes que se siguen juzgando hoy).
Pero, según los medios locales, también los propios efectivos habrían expresado reparos ante la posibilidad de intervenir en Rosario, por el temor de que eventualmente pudieran enfrentar cargos si se considera que actuaron mal.
En ese sentido, este miércoles la ministra Bullrich anunció la puesta en marcha de un reglamento general para el empleo de las armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.
Según un comunicado del gobierno, la ministra precisó que la nueva normativa prevé que “las armas podrán ser utilizadas en situaciones de peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos frente a un ataque, para impedir la comisión de un delito cuando es particularmente grave, cuando un delincuente ponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue”.
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