Tomás Gómez
Costa Rica fue uno de los 17 países que votó la “Declaración sobre la reciente liberación de presos políticos en Nicaragua”, presentada el miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El documento se centra en reprochar la medida de quitar la nacionalidad a los opositores del régimen de Daniel Ortega.
Se insiste en que según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no es posible generar esa condición de apátridas.
Durante el debate, la representación costarricense, a cargo de la embajadora Samy Araya, habló sobre la necesidad de medidas para proteger a los perseguidos políticos.
Además, se amplió el tema de la nacionalidad.
“La nacionalidad constituye un derecho inderogable, y la privación arbitraria de la misma, especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la diplomática.
Además el mensaje abarcó el llamado a diálogos que intenten el regreso de la democracia en el país vecino.
Junto a Costa Rica, suscribieron la condena a Nicaragua países como Canadá, Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados y Chile.
También Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guayana, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominica, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Pocos cambios en Nicaragua
La situación sociopolítica de Nicaragua está grave desde una ola de protestas en 2018, que terminó por agravarse con las elecciones del 2021.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde el 2007, generó una serie de leyes para impedir toda acción opositora.
Bajo el delito de “traición a la patria” se ha detenido a cientos de personas de los más diversos orígenes.
Dos semana atrás, sin embargo, 222 de ellas fueron enviadas a Estados Unidos. De esa manera se cambió el encierro por el destierro, además de quitarles la nacionalidad, según la reforma a la Constitución.
Posteriormente, se quitó la nacionalidad a 94 opositores más.
A ello, el régimen ha sumado una medida más y es confiscar los bienes de las personas que han sido sancionadas por sus políticas.
Los sandinistas lograron una reforma express para quitarle la nacionalidad a los opositores. Otra medida que plantearon que es arreglar la Constitución para declarar a Rosario Murillo “copresidenta de Nicaragua” junto a su esposo Daniel Ortega. (AFP)
