Tomás Gómez
El plan para fusionar las distintas policías del país y crear cuerpos nuevos en áreas como la ciberseguridad, requerirá de análisis complejos que sirvan determinar la viabilidad y capacidad logística de centrar tal tarea en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Así lo planteó la Contraloría General de la República tras analizar el texto.
“Es omiso en la indicación clara y verificable de estudios legales, técnicos, de impacto financiero, presupuestario, de gestión administrativa, de estructura orgánica, de capacidades físicas, que ayuden a dimensionar los efectos que tendría en el conjunto institucional la concentración de todas las fuerzas policiales del Estado en una única unidad de mando a cargo del Ministerio de Seguridad”, apuntó el ente contralor tras la consulta formulada por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Unir los cuerpos en un solo ministerio, señala, podría tener impactos en los regímenes salariales, los derechos adquiridos y los procesos de contratación.
“No resulta claro en el proyecto si se han valorado las posibilidades administrativas y las capacidades de gestión del MSP en completar los procesos de recursos humanos, a fin de que todos los miembros de las fuerzas de policía que en la actualidad operan adscritas a otras carteras ministeriales, pasen a formar parte del MSP”, recalcaron.
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A ello suman sus reservas por la capacidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología para crear una Policía de Cibercrimen; o de la propia cartera de Seguridad para atender toda la nueva responsabilidad que se le encargaría.
“Deberá indagarse con el Micitt las posibilidades técnicas y legales que dicha gestión implica para sus funciones y objetivos institucionales”, recalca la Contraloría sobre el primer tema.
“En cuanto a los transitorios del proyecto de ley que disponen la regulación de la nueva reorganización administrativa que exigirá la fusión de los cuerpos policiales, es necesario conocer las posibilidades reales de gestión financiera y organizacional del Ministerio de Seguridad Pública para llevarla a cabo; así como los tiempos que se regulan para su implementación”, agrega sobre lo segundo.
Más reservas sobre manejo de seguridad
En el oficio DFOE-GOB-0562, dirigido a los diputados, la Contraloría retoma también advertencias anteriores en la gestión pública de la seguridad.
Primero recordó que ya en 2018 se había analizado un proyecto de similares características. Con él se alertó sobre la complejidad de una tarea unificadora de tal alcance y los plazos que realmente necesitaría.
“En toda iniciativa legislativa en general, la creación de nuevas competencias administrativas y eliminación de otras, impone un análisis integral de frente al diseño institucional que se propone, las diferentes dimensiones de ese aparato público (fines, actores, recursos, procesos y normas) para determinar la suficiencia, pertinencia, funcionalidad y real necesidad de lo que propone un determinado proyecto de ley”, sostiene el escrito.
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A ello se suma la auditoría publicada el año anterior atinente a la carencia de una rectoría concreta en materia de seguridad. En ella se determinó que si bien hay varios mecanismos para la coordinación entre cuerpos policiales estos terminan siendo ineficaces.
“Se carece de mecanismos formales establecidos para el Sector que permitan llevar a cabo las funciones de rendición de cuentas, de seguimiento y monitoreo para la toma de decisiones y la evaluación a las políticas, planes, programas y proyectos sectoriales”, apuntan.
¿Una sola policía?
La iniciativa de unificar los cuerpos policiales se ha planteado en varias ocasiones. Una de las más recientes provino del Partido Liberal Progresista, cuya iniciativa es la que la Contraloría calificó.
Se trata del proyecto 23.713, denominado “Ley para fortalecer la Seguridad Ciudadana”.
En términos generales, se busca crear la Policía Nacional de Costa Rica. En ella se fusionarían:
- Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural
- Policía de Control de Drogas
- Policía de Fronteras
- Servicio Nacional de Guardacostas,
- Policía de Migración y Extranjería
- Policía del Control Fiscal
- Policía de Tránsito
- Servicio de Vigilancia Aérea
Como una pauta de control, se pediría también que aunque la persona a cargo de la Policía Nacional la designe Seguridad, esta tenga que ser ratificada por la Asamblea Legislativa.
Revisado por el Colegio de Abogados
El proyecto de ley en cuestión también pasó por la lupa de la Comisión Experta en Crimen Organizado del Colegio de Abogados.
Ahí se retomaron también las preocupaciones por cómo Seguridad asumiría las nuevas funciones. De manera paliativa, explican que una vía sería que los recursos se manejen mediante fideicomisos.
“El core de la policía no es precisamente el manejo financiero, de modo que la figura de fideicomiso propuesta, vendría a poner los recursos en manos idóneas a nivel financiero y además no se correría el
riego de inejecución presupuestaria y por tanto pérdida de presupuesto por esas razones”. anotan.
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También pidieron revisar la participación de la Asamblea en la designación de la jefatura.
“Por ser un puesto de naturaleza eminentemente técnico operativo, no sea necesario que la persona que se elija para ocupar ese puesto de la Dirección General de la Policía Nacional, deba ser ratificada por la Asamblea Legislativa, toda vez que un puesto de esa naturaleza, no debería tener ningún sesgo político partidario”, anotaron.
