AFP
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió el jueves la liberación inmediata y la protección de la vida e integridad de cuatro opositores presos en Nicaragua, a quienes el presidente Daniel Ortega tildó de “criminales”.
En su resolución, el tribunal con sede en San José, Costa Rica, determinó “requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata” de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como del empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera.
En esta decisión, conocida como medida provisional de la Corte IDH, se pide al Estado de Nicaragua que informe “a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”.
Esta decisión ocurre después de un pedido ante la OEA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En él se solicitó la intervención de la Corte por la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.
La entidad valoró que puede actuar en favor de estas cuatro personas pues la situación cumple tres premisas: ser de “extrema gravedad”, debe atenderse con “urgencia” y debe tratar de “evitársele daños irreparables”. Esto se ampara en la Convención Americana.
Las medida provisionales de la Corte IDH, se suelen dar “en casos de extrema gravedad y urgencia”. Su cumplimiento es obligatorio para los países miembros. Nicaragua es un país que acepta la jurisdicción de este tribunal.
Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista. Entre ellos estaban cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.
Pero, para el gobernante, no se trata de “candidatos” ni “políticos” sino de “criminales”. Aseguró que atentaron “contra la seguridad del país”, al tratar de organizar un “golpe de Estado”.
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Incertidumbre entre familiares
Por otra parte, familiares de los 19 opositores presos en Nicaragua denunciaron este jueves vivir en incertidumbre. En varios casos desconocen el paradero de quienes el gobierno ha calificado de “criminales”.
“Ya han pasado varios días y aún no logramos ver a nuestros familiares. No sabemos exactamente dónde están ni como están. A pesar de llegar diario y varias veces a preguntar por ellos, la Policía no brinda información”, dijeron en un comunicado que fue leído durante una conferencia de prensa por videollamada.
Madres, esposas e hijos acuden a la cárcel policial conocida como “el nuevo Chipote”, en una colina al descampado, al suroeste de Managua. El lugar señalado por organismos de derechos humanos como de tortura. Han tratado llevar alimentos y medicinas, sin éxito.
“Llevamos 11 días sin ver a mi padre, qué es lo que pasa?, solo permiten que pase agua, no dejan al abogado que lo vea; ¿Es que los tienen golpeados?”, dijo Cristian Tinoco, hija del exguerrillero y exvicecanciller Víctor Tinoco, arrestado el 13 de junio.
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“No tenemos noticia fidedigna sobre su situación dentro de la cárcel y la preocupación se va convirtiendo en angustia”, sobre todo por su salud, comentó la esposa del exvicecanciller José Pallais, Hilma Herdocia.
Ana Álvarez, pariente de las activistas Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, dice no haberlas visto desde su arresto el 13 de junio. Manifestó que durante la captura se allanó sus viviendas con violencia. “Tenemos testimonio de que fueron golpeadas”, agregó.
Álvarez dijo que la “narrativa” de criminalizar a los opositores “no es nueva”, pues el gobierno “criminaliza toda protesta social, a los activistas, líderes barriales y al que se oponga”.
Ortega, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018. Hubo más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
