Aunque la Ley Marco de Empleo Público aún no llega al Plenario ya tiene anunciadas planes de reforma, textos sustitutivos y ahora la exigencia de ser aprobada por mayoría calificada.
Con 16 votos a favor y 5 abstenciones los magistrados determinaron que la iniciativa afecta la independencia judicial y por tanto requiere de 38 votos.
La principal crítica radicó en la fijación de salarios, donde el Poder Judicial tiene autonomía.
“No es el tema de salarios por su cantidad sino por la autonomía”, dijo el presidente de la Corte, Fernando Cruz.
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El jerarca expuso que antes de la Constitución actual los pagos dependían de leyes y que los poderes que la reforma planteada dan al Ministerio de Planificación en esa línea no generarían un escenario diferente.
Por su parte, Jorge Olaso, magistrado de la Sala II, fue el encargado de analizar la propuesta en un informe donde también se insistió en la afectación a la organización judicial.
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Olaso expuso varias consideraciones de la Dirección Jurídica donde se denuncia una supuesta pérdida de potestades en materia de recursos humanos.
Otros puntos señalados fueron los cambios en materia de negociación y evaluación de desempeño. La Corte insiste en que ya hay avances internos en ello.
La Constitución Política asegura que los proyectos donde la Corte Suprema de Justicia se considere afectado requerirán de 38 votos, lo que ocurre con el de Empleo Público (Cortesía)
La deuda pendiente de Empleo Público
La nueva regulación del empleo público era uno de los componentes adicionales de la Reforma Fiscal del 2018.
El Poder Ejecutivo presentó una propuesta en el 2019 que fracasó y una adicional el 18 de mayo anterior.
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La reforma fue estudiada por la Comisión de Gobierno y Administración donde se votó 6 a 3.
En su versión tentiva, la ley regularía empleados actuales y futuros y aplica el salario global.
Además, crea 8 “familias” de empleados para definir sus particularidades.
El equipo de Gobierno presentó en abril del 2019 un paquete de reformas entre las que iba el plan fallido de Empleo Público (Presidencia)
Plan B hace fila
Considerando que la versión dictaminada de Empleo Público tiene roces constitucionales, un nuevo borrador se presentó el 12 de noviembre.
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El plan, impulsado por el liberacionista Roberto Thompson y el socialcristiano Pedro Muñoz fustiga el empoderamiento dado a Mideplan y retoma el fortalecimiento del Servicio Civil.
Con esta versión, además, las reformas serían optativas para la actual planilla estatal.
Los diputados Roberto Thompson (derecha) y Pedro Muñoz (izquierda), presentaron el nuevo plan de Empleo Público exponiendo que dar la rectoría a Mideplan dejaría las decisiones a voluntad de los gobiernos de turno (Cortesía)