Tomás Gómez
“No existen elementos razonables que permitan desvirtuar la presunción de discriminación tras el concurso interno efectuado en el Ministerio de Hacienda”.
Con esas palabras la representación de Costa Rica admitió las posibles fallas que cometió el Estado en un proceso de contratación dentro de Hacienda.
Este proceso dejó fuera del puesto a una persona con condición de discapacidad.
Por esos hechos el país enfrenta un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que precisamente tuvo su audiencia esta semana.
En la cita, los abogados estatales señalaron que por años se intentó una solución previa al conflicto. Pero que no hubo avances dentro del ciclo que seguía en la Comisión Interamericana (CIDH). De ahí que el expediente escaló hasta la Corte.
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Para atender los alegatos de todas las partes se dio una audiencia el jueves donde participaron la CIDH; familiares de la presunta víctima y el equipo legal de la Cancillería, que ofreció una disculpa a nombre del país.
Varios jueces celebraron esa última actitud mostrada por el país.
Tras la audiencia, se abrió un plazo de un mes -que vence el 25 abril-, para la presentación de los últimos alegatos, pruebas y demás escritos. Tras ello, el alto tribunal emitirá su resolución final.
Delegación legal de Costa Rica en el juicio ante la Corte IDH. Aparecen Natalia Córdoba, jefa legal de Cancillería; Fernando Castro, letrado de Sala IV; José Carlos Jiménez, coordinador de Derecho Internacional y Derechos Humanos; Alberto Guzmán, asesor del Gobierno; Maripaz De la Torre, de Conapdis, y Rodolfo Lizano, asesor legal de Cancillería.
El caso de Hacienda en detalle
El conflicto que verá la Corte IDH lleva activo casi 20 años. Fue el 2001 cuando un hombre de apellido Guevara fue contratado como misceláneo en el Ministerio de Hacienda.
Él trabajaba como interino y concursó sin éxito por la plaza en propiedad en el 2003. Por ello, quedó fuera de su trabajo el 16 de junio del 2003.
Guevara apeló el concurso alegando que había un informe que recomendaba no contratarlo “por sus problemas de retardo y bloqueo emocional”.
Así, inició reclamos tanto dentro del Ministerio como en la Sala Constitucional y los Tribunales de Trabajo.
Agotadas las vías legales en Costa Rica, los ciudadanos tienen derecho a escalar al Sistema Interamericano.
Ahí, los reclamos pasan primero por la CIDH, donde se analizan las quejas y se piden explicaciones al país denunciado.
Tras estudiar el caso de Guevara, la CIDH admitió el caso y convocó a cuentas a Costa Rica.
El Estado alegó que el hombre sí fue tomado en cuenta para el concurso, pero que la ley permite seleccionar de manera discrecional a quién contratará.
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Las justificación no fue satisfactoria para la CIDH, que consideró que se trata de un caso de “discriminación encubierta”.
“El Estado no proporcionó una respuesta circunstanciada y precisa que permita desvirtuar la presunción de discriminación. Y estimó que la mera invocación de razones de discrecionalidad, sin aportar más explicaciones, refuerza los indicios de discriminación”, citó entonces el ente.
Además, criticó el rechazo de los recursos de apelación de Guevara, lo que habría afectado su derecho a exponer sus alegatos sobre la eventual discriminación.
Los hechos reclamados ante la Corte Interamericana ocurrieron entre el 2001 y 2003 en el Ministerio de Hacienda. (Archivo/El Observador)
