Tomás Gómez
La próxima semana Costa Rica estará una vez más en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El caso se vincula con un hombre de apellidos Guevara Díaz, con discapacidad, quien quedó fuera de un concurso y luego fue cesado de su labor como misceláneo en el Ministerio de Hacienda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había trasladado el expediente ante la Corte en abril del 2021 y ahora se desarrollará su juicio.
Para ello se convocó a audiencia el jueves 24 de marzo a partir de las 8:00 de la mañana.
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En ella comparecerá un hermano del denunciante para exponer la eventual afectación que tuvo tras el despido; así como una experta en temas de discapacidad y empleo. También estarían participando una de las asesoras que tuvo Guevara y una excompañera de trabajo.
Pasada esa cita, las partes tendrán nuevo plazo para presentar sus últimos alegatos. Esta vence el 25 de abril y luego de ello la Corte emitirá su resolución final.
El caso en detalle
El conflicto que verá la Corte IDH lleva activo casi 20 años: fue el 2001 cuando Guevara fue contratado como misceláneo en el Ministerio de Hacienda.
El hombre trabajaba como interino y concursó sin éxito por la plaza en propiedad en el 2003. Por ello, quedó fuera de su trabajo el 16 de junio del 2003.
Guevara apeló el concurso alegando que había un informe que recomendaba no contratarlo “por sus problemas de retardo y bloqueo emocional”. Así, inició reclamos tanto dentro del Ministerio como en la Sala Constitucional y los Tribunales de Trabajo.
Agotadas las vías legales en Costa Rica, los ciudadanos tienen derecho a escalar al Sistema Interamericano.
Ahí, los reclamos pasan primero por la CIDH, donde se analizan las quejas y se piden explicaciones al país denunciado.
Tras estudiar el caso de Guevara, la CIDH admitió el caso y convocó a cuentas a Costa Rica.
El Estado alegó que el hombre sí fue tomado en cuenta para el concurso, pero que la ley permite seleccionar de manera discrecional a quién contratará.
Las justificiación no fue satisfactoria para la CIDH, que consideró que se trata de un caso de “discriminación encubierta”.
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“El Estado no proporcionó una respuesta circunstanciada y precisa que permita desvirtuar la presunción de discriminación y estimó que la mera invocación de razones de discrecionalidad, sin aportar más explicaciones, refuerza los indicios de discriminación”, citó el ente.
Además, criticó el rechazo de los recursos de apelación de Guevara, lo que habría afectado su derecho a exponer sus alegatos sobre la eventual discriminación.
