Luego de dos meses de aprobada en la Asamblea Legislativa, la Ley Nacional de Salud Mental por fin completó sus trámites para entrar a regir y hacer los ajustes que propone.
En términos generales, la iniciativa introduce una definición más amplia de Salud Mental. Incluye más instituciones y profesiones en el abordaje y, además, reconoce una serie de garantías para los pacientes.
Desde la legislatura pasada, la entonces diputada Paola Vega promovió el texto. En la actual Asamblea, el tema fue retomado por Andrea Álvarez, de Liberación Nacional.
El proyecto recibió el aval definitivo del Congreso a mediados de octubre. De ahí pasó al Poder Ejecutivo para su firma y esta semana se dio la publicación en La Gaceta.
Según consta en el documento, Zapote había dado las firmas desde finales de noviembre.
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Salud Mental con derechos
La nueva ley cambia el rol de los pacientes. Ya no se ve tan asistencialista sino que ahora los hace partícipes de la atención de su salud mental.
Ahora, se reconocerán como garantías:
- Recibir la atención en condiciones dignas y humanizadas. Esto abarca respeto por la identidad, intimidad, servicio con base científica y acceso a los tratamientos más adecuados.
- Recibir acompañamiento de familiares o las personas seleccionadas antes, durante y después de los tratamientos.
- Poder aceptar o rechazar el acompañamiento espiritual o religioso. También se podrá rechazar el tratamiento si se considera perjudicial.
- Posibilidad de revisar el expediente con ayuda profesional adicional, por ejemplo de un abogado.
- No ser objeto de investigación clínica o experimental salvo que haya consentimiento expreso.
- Derecho a pedir un cambio del médico y equipo tratante.
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De paso, la nueva legislación incluye más instituciones en las políticas públicas al respecto.
Ahora ya no solo estarán la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Ministerio de Salud. También se sumarán Educación, Desarrollo Humano, Cultura, Trabajo, Condición de la Mujer, Deporte y Justicia (desde la Dirección de Adaptación Social y Policía Penitenciaria).
También se unen instituciones autónomas como: el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
Otro ajuste de la ley tiene que ver con el abordaje profesional. Se incluyen como áreas que deberían intervenir en los casos:
- Psiquiatría
- Medicina general y familiar, geriatría, neurología y pediatría
- Enfermería especializada
- Psicología, trabajo social y terapia ocupacional
El siguiente paso
Según la diputada Andrea Álvarez, pese al avance con la promulgación de la ley aún hay pasos pendientes para su implementación completa.
“Es un paso necesario para que las personas del país tengan una mejor calidad de vida en cuanto a su salud mental. Especialmente quienes viven con enfermedades mentales”, afirmó.
“Desde el despacho estaremos pendientes de su pronta reglamentación. Más bien nos ponemos a la disposición de las autoridades pertinentes para colaborar en este segundo momento del proceso”, sumó la legisladora.
