Paula Ruiz
Este miércoles por la noche, el país se impactó con la noticia del asesinato de Jeiner Gómez, agente judicial de 41 años, quien tenía tres años de laborar para Interpol y 9 para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Junto a él, estaba un compañero de apellidos Bustos Castro, parqueados a un lado de la vía en un operativo encubierto en Tirrases de Curridabat. Hasta el momento, las autoridades desconocen si los presuntos homicidas actuaron con conocimiento de que las personas a las que atacaron, eran agentes de OIJ.
Expertos en seguridad, coinciden en que además de ser un hecho esperable, ya Costa Rica venía con muestras de que este tipo de actos se dan en cualquier escenario y que, continuará pasando.
De hecho, Carlo Díaz, Fiscal General de la República, reconoció que ya tenían previsto que una situación así podía pasar y no descartó que pueda seguir pasando en el futuro no solo con policías, sino también con fiscales de la República.
Por su parte, Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, detalló que ya esa línea la habíamos cruzado como país y recordó el caso en el que un sicario ingresó a un centro educativo para matar a una mujer.
También, señaló que uniformados en Limón han sido atacados con armas de grueso calibre y varios oficiales caídos durante este año. Coindice con el Fiscal General, en que este tipo de asesinatos continuarán dándose y la labor de Fuerza Pública, será la efectividad en la detención de quienes cometan estos delitos.
“Llevamos varios oficiales muertos este año en el cumplimiento del deber, yo estoy esperando, una vez que el OIJ cierre su escenario de investigación, no me corresponde por ahora referirme hasta tanto no se esclarezca por parte de las autoridades judiciales”, destacó.
Tres posibilidades
Para el experto, Gerardo Castaing, podrían manejarse tres hipótesis sobre lo sucedido con el agente de OIJ:
- Que la “operación” no fuera contra los agentes y que los hayan confundido con miembros de una banda contraria
- Que se tratara de un intento de asalto
- Y, en el peor de los escenarios, que sí tuvieran conocimiento de que se trataban de oficiales de OIJ
Sobre esta última posibilidad, Castaing, prevé que de comprobarse, “estamos ante una situación difícil”.
Con base en su experiencia, ve que sea más probable que se tratara de un intento de asalto porque en videos que circulan en medios de comunicación y redes sociales, se observa que hubo un intercambio de palabras antes del accionar de las armas.
Con respecto de los sospechosos, uno de 17 años y otro de 21 quien conducía la motocicleta, son personas de la zona.
El OIJ tiene detectado que pertenecen a una banda criminal, donde tienen el rol de “campanas”.
“En apariencia, trabajan bajo mandato de alguien más que es el que funge como cabecilla dentro de la organización y tienen roles específicos de campana que son los que visualizan quiénes están ahí”, detalló Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial.
Por campanas, amplió que se trata de quienes se encargan de ver quiénes están en la zona y sospechan que como no tenían control sobre el vehículo aparcado, actuaron contra la humanidad de los agentes.
“Lo que intentan es hacer control absoluto del lugar y cuando ven algo extraño o fuera de lo normal lo que hacen es hacer este tipo de acciones en contra de las personas”, manifestó el jerarca policial.
Para él, es prematuro decir que el ataque se dio contra los agentes por su rol de agentes de OIJ, pero tampoco lo descartan. De hecho, todo es parte de la investigación.
Dentro de la investigación, buscan determinar por qué pasan de ese rol de campanas al de accionamiento de armas.
Amenazas ya venían
Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), reconoció que las amenazas a policías, jueces y fiscales es algo conocido tanto por las autoridades como personal que trabaja en estas labores dado que en chats policiales, circulan los mensajes.
“Pero, no hay nada que de momento esté evitando que esto pase, los policías por lo menos Fuerza Pública son blanco de disparos, esto no es nuevo y ya ha pasado, recientemente Mario Zamora (ministro de Seguridad) comentaba que los habían agarrado a tiros con un fusil de asalto y es fácil decirlo pero los fusiles de asalto tienen particularidades balísticas que son más dañinos para el cuerpo humano”, destacó el experto.
Este medio tiene conocimiento de que en Limón, está sucediendo con frecuencia. De hecho, el director de OIJ, solicitó al Gobierno facilidades para un terreno cerca de los Tribunales de Limón que permitan el traslado de las oficinas del Organismo, donde los trabajadores tendrían mayor seguridad.
Sin embargo, no hubo una respuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo y más bien, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, aseguró que con un edificio, no se soluciona el problema de seguridad en el país.
“Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara por parte de la Fiscalía y las líneas de investigación a su cargo”, dijo este jueves en un mensaje junto al presidente de la República.
Durante este viernes, en una sesión especial en la Corte Suprema de Justicia, se solicitó un adicional de 1.712 personas para atender la ola de violencia.
Nacira Valverde, Directora de Planificación calculó que el ingreso de este personal costaría unos ¢8.706 millones.
La demanda se divide así:
- Organismo de Investigación Judicial: 1.073 plazas
- Fiscalía: 292
- Defensa Pública: 112
- Judicaturas: 235
Pese a esto, Rodrigo Chaves, presidente de la República, cerró la posibilidad para más recursos debido a la situación fiscal, según argumentó.
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