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“Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ”, responde el Gobierno tras solicitud de recursos por ola de violencia

Pidieron al fiscal general presentar la política de persecución penal

Por Paula Ruiz

Tiempo de Lectura: 4 minutos
“Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ”, responde el Gobierno tras solicitud de recursos por ola de violencia
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El Gobierno emitió un mensaje este jueves, tras el asesinato del agente Jeiner Gómez de 41 años, destacado en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A raíz de lo sucedido, tanto el OIJ como el Ministerio Público coincidieron en la urgente necesidad de dotar de más recursos a las policías para hacerle frente a la ola de violencia que enfrenta Costa Rica.

No obstante, el Poder Ejecutivo cerró esa posibilidad y defendió que ya incorporó ¢24.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el 2024.

“Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara por parte de la fiscalía y las líneas de investigación a su cargo”, respondió Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, quien apareció en el video junto al mandatario Rodrigo Chaves.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial expuso horas antes de esa respuesta gubernamental, que en la reunión del martes del Consejo de Seguridad Nacional, él pidió ayuda para un terreno que está cerca de los tribunales de Limón, con tal de reubicar las oficinas actuales en el cantón de dicha provincia.

Asimismo, el fiscal general Carlo Díaz, criticó que durante ese encuentro “no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública y tampoco se le ofreció nada al Organismo de Investigación Judicial y mucho menos al Ministerio Público, evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber inversión del Gobierno en patrullas y en seguridad”.

Chaves advirtió que los recursos fiscales son escasos y por tanto, dejó cerrada la posibilidad de más recursos.

“Todos tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer sacrificios económicos, utilizar los recursos de la manera más eficiente, no debe ser para pagar mandos altos y puestos gerenciales, sino para que las condiciones de cuerpos policiales mejoren”, advirtió el mandatario.

El Ejecutivo defendió sus acciones relacionadas con el aumento de oficiales para la Policía de Control de Drogas (PCD) y efectivos para Fuerza Pública.

Adicionalmente, Rodríguez le pidió a Díaz presentar “la política de persecución penal y cómo va a priorizar las investigaciones a su cargo”.

OBSERVE MÁS: Autoridades judiciales exigen con urgencia más recursos tras asesinato de agente de OIJ 

Randall Zúñiga, director de OIJ (izquierda en la imagen) y Carlo Díaz, Fiscal General, solicitaron recursos al Poder Ejecutivo, sin embargo el Gobierno cerró esa posibilidad. Presidencia.

Responsabilidad de diputados

Aunque el martes pasado el Presidente de la República aseguró que se acordó baja el tono a la discusión pública sobre quiénes son responsables de lo que sucede actualmente en Costa Rica, este jueves aprovechó su mensaje para enfocar su energía en el Poder Legislativo.

A ellos les urgió aprobar los cinco proyectos de ley que presentaron desde abril a la corriente legislativa como parte del programa “Costa Rica Segura”.

“Es hora de que el Congreso le de al país las herramientas para luchar contra el flagelo que estamos viviendo, herramientas que pasan por al menos 5 proyectos de ley que el Gobierno presentó desde abril de este año”, expuso Chaves.

Una de ella busca juzgar a menores de edad, como adultos, cuando estén involucrados en actividades ilícitas de sicariato o narcotráfico. Por el ataque a dos oficiales durante la noche de este miércoles 4 de octubre, donde falleció Jeiner Gómez, un agente del OIJ se detuvieron como sospechosos a dos hombres, uno de ellos menor de 17 años y el otro de 21 años de edad.

Para Rodríguez, este tipo de personas merecen ser juzgadas “como criminales violentos”.

Estos son los proyectos que impulsa el Gobierno:

  • Extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Se enviarán a costarricenses a que sean juzgados al país donde cometieron el delito.
  • Para resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. Se pretende mano firme por parte de los Jueces.
  • Ley de control de armas
  • Modernización de intervenciones telefónicas
  • Para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad, violencia, y delincuencia organizado.
  • Del sistema Penitenciario Nacional. Los privados de libertad violentos deben permanecer en la cárcel

“Todas estas leyes modernizan el marco jurídico, porque el crimen ha evolucionado y nuestras leyes no lo han hecho al mismo paso, estas leyes urgen señores y señoras diputados, por favor, agilicen la aprobación de las mismas, no es un pedido del Ejecutivo sino de Costa Rica”, expuso el ministro de Comunicación.

“Necesitamos necesariamente señores diputados modernizar nuestras leyes para que los jueces no tengan discreción al hacer su trabajo y que no sean sujeto de presiones económicas o presiones a su seguridad personal, eso solo lo puede hacer el Congreso”, reforzó el presidente de la República.

El legislador Gilberth Jiménez, recordó que pese a la presentación de proyectos en abril, durante las sesiones extraordinarias que fueron entre mayo y julio, no hubo una convocatoria por parte del Gobierno de esas iniciativas.

Asimismo, Gloria Navas, legisladora que preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, advirtió que las propuestas requieren de modificaciones.

“Interesante que se tocó ese tema, pero se le explicó que algunos estaban listos para Plenario y que otros requieren textos sustitutivos porque no había claridad en ellos”, dijo Navas.

Pese a los reclamos, Chaves pidió no politizar el tema de seguridad y tampoco, que haya opiniones de personas que en el pasado han ocupado puestos públicos para decir que durante su gestión, se realizaron mejores acciones.

Para el 2024, el Gobierno (mediante el Ministerio de Hacienda) presupuestaron ¢107.346 millones, cifra que fue de ¢107.610 millones en el año actual.

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