Tomás Gómez
La necesidad de más personal sobrevoló de manera insistente la sesión especial que tuvo la Corte Suprema de Justicia este viernes por el tema de inseguridad.
La cita se convocó luego del asesinato de un agente judicial el miércoles por la noche y sirvió como diagnóstico de necesidades.
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Diversas oficinas judiciales enlistaron los pendientes, que finalmente la directora de Planificación, Nacira Valverde calculó en 1.712. Ella calculó además que equipar esa llegada de personal costaría unos ¢8.706 millones.
La demanda se divide así:
- Organismo de Investigación Judicial: 1.073 plazas
- Fiscalía: 292
- Defensa Pública: 112
- Judicaturas: 235
Al final del encuentro, los magistrados acordaron enviar ese diagnóstico de necesidades a los otros Poderes de la República.
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Nuevos recursos en el OIJ
La reforma votada por los diputados para exonerar al OIJ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendría un primer impacto en la compra de insumos de seguridad y en capacitación para su uso.
Según el director, Randall Zúñiga, los recursos irían a generar una “contraofensiva”.
El menú de insumos abarca 100 fusiles AR15, 585 chalecos antibalas, 283 cascos, 35 escudos, 24 vehículos, así como munición, drones, computadoras, licencia de software; esta última incluye el mantenimiento de los programas especiales que acaba de donar Estados Unidos para poder abrir teléfonos.
Como parte del diagnóstico, Zúñiga insistió en que las falencias son variadas y disparadas, pues hasta hace 3 o 4 años no se tenían.
Una clave, aseguró, está en los recursos humanos. Ahí el faltante ronda las 1.000 personas, de las cuales son de extrema urgencia unos 300 investigadores y el personal de respaldo.
Sobre la criminalidad, el jerarca recalcó que los jóvenes están tomando un rol más activo. También que las nuevas formas de violencia están demandando métodos de trabajo diferentes para las investigaciones.
“No es lo mismo tener que hacer una autopsia que ha fallecido de dos disparos a lo que vimos en video de hace una semana y medio en Paraíso de Cartago donde técnicamente lo decapitan”.
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También faltan fiscales
En la cita judicial también estuvo el Fiscal General, Carlo Díaz, quien compartió algunos datos sobre los casos judiciales pendientes. Las áreas principales son:
- 52,000 causas por delitos contra propiedad
- 16,000 violencia contra mujeres
- 12,000 delitos sexuales
- 9,000 expedientes de delitos contra la vida,
- 9,000 en delitos informáticos
- 5,000 causas por problemas con Ley de Tránsito
- 2,500 expedientes por drogas
- 2,400 portación de armas
A nivel de logística, recalcó que hay un promedio de 250 expedientes en cada fiscal. El plan para ajustar las cargas, lo que justifica la necesidad de más personal.
Según su planteamiento, aún no se aplica el “principio de oportunidad”. Esto implicaría no perseguir casos o delitos en específico pero según el Fiscal no se ha llegado a ese punto
Una solución desde el Derecho
Al arrancar la sesión de este viernes el Poder Judicial tuvo un minuto de silencio por su funcionario fallecido.
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, sostuvo que se trabaja pero en medio de falta de recursos.
“Esa entrega y dedicación son la constante en el Poder Judicial, trabajamos todos los días al
servicio de Costa Rica, con las notables limitaciones presupuestarias, pero sin bajar los brazos
ni un instante”, sostuvo.
Esos recursos, comentó, deben ser manejados con eficiencia, sin dejar de lado la necesidad de apego al marco legal para abordar la situación.
“Preservar el Estado Social de Derecho es el único camino para conservar y fortalecer la paz. El camino de la democracia que las y los costarricense escogimos desde hace 202 años es la ruta correcta de nuestra nación”, dijo.
