Paula Ruiz
Con 40 a favor y 12 en contra, los diputados aprobaron una moción que dispensa de trámite el proyecto de ley que busca retrasar entrada en vigencia de nueva ley de Contratación Pública por un año.
La justificación de la liberacionista Carolina Delgado tiene que ver con que a una semana para la entrada en vigencia de esta Ley, todavía no se ha publicado el reglamento necesario para aplicar esta legislación.
Uno de los votos en contra lo sumó el verdiblanco José Joaquín Hernández quien rechazó este plan al indicar que “siempre se trata de poner en orden y nacen diferentes alternativas para bloquear”.
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Hernández recordó que en otros años como el 2009, 2014, 2016 y 2020 también se realizó este tipo de maniobras que frenan la transparencia en contrataciones públicas.
Otro de los votos en contra fue el del frenteamplista Jonathan Acuña quien apuntó a que la dispensa no lo excluye de consultas obligatorias e incluso dejó entrever la posibilidad de que su bancada presente mociones.
Los diputados aprobaron la moción para dispensar de trámite el proyecto.
Cambios
Rodrigo Arias, presidente del Congreso, explicó que hay interés en presentar una moción para que la posposición de la entrada en vigencia de esta ley sea dentro de seis meses y no un año como lo establece el proyecto de ley de Delgado.
“Lo que hace es que pospone por seis meses, ya no por un año, la entada en vigencia de esa ley, esa moción de orden hoy se va a presentar y lo que pretende es que se dispense el trámite de manera que pueda ingresar al orden, después hay que decidir cuando se irá a conocer”, explicó.
Aunque, aceptó que “los plazos están muy apretados” para que esta iniciativa sea aprobada antes del próximo jueves 1 de diciembre.
En caso de llegar a esa fecha sin este trámite, se pondrá en vigencia la Ley de Contratación Pública, detalló Delgado.
Delgado defendió que de entrar en vigencia sin el reglamento “hay que apagar Sicop por 10 días (para realizar procesos que lo acoplen a la ley)”.
Aseguró que esto pondría en riesgo las contrataciones en instituciones públicas por al menos diez días.
“Para poder suspender en un año la aplicación de la ley, debería aprobarse antes del 1 de diciembre por eso es que habría que correr en estos días, si eso no se hace entra en vigencia y el reglamento tendrán que publicarse y ver qué hacen las instituciones”, advirtió la verdiblanca.
A través del reglamento, se deben establecer mecanismos como modificaciones a los pliegos de condiciones, estudios de razonabilidad, bancos de precios, plazos para la prevención a los contratistas, regulaciones sobre grupos económicos, entre otras medidas que deben considerarse.
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