Los diputados de la comisión legislativa que investigan el caso del Sinart en la Asamblea Legislativa cuestionaron que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, no haya ordenado una investigación interna administrativa sobre cómo el BCIE le otorgó el contrato a la agencia del productor Christian Bulgarelli.
Díaz le dijo a los congresistas, en la audiencia de este lunes, que desconocía que el propio Bulgarelli había generado los términos de referencia del contrato que finalmente se le adjudicó por $405.000.
La jerarca señaló que el encargado técnico era la Dirección de Comunicación de Casa Presidencial, en conjunto con la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, en este momento, y que finalmente ella envió el criterio al BCIE.
“Hay una denuncia en la fiscalía, yo estoy en la mejor disposición de colaborar. Yo le aseguro que todo se dio de acuerdo con la normativa”, defendió la jerarca sobre el por qué no investigar a lo interno.
Ante esto, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, se mostró sorprendido, afirmando que fueron funcionarios públicos con un tercero los que diseñaron el cartel a la medida a esa persona para que obtuviera el contrato.
“Quién diseña la propuesta para la contratación, los proyectos, son funcionarios públicos. Ese funcionario participó junto con un tercero en el diseño de un contrato que se le asignó a ese tercero”, indicó.
“Están actuando de forma irregular y lo sorprendente es que digan que no lo van a investigar porque ya lo está haciendo la fiscalía”, siguió en su respuesta.
Tráfico de influencias
Robles enfatiza que eso es tráfico de influencias y que sí debe de investigarlo la fiscalía, pero con el apoyo de la jerarca, quien es quien firmó los documentos para aprobar lo solicitado y contratado desde el BCIE.
“Lo mínimo que debería hacer la ministra de la Presidencia, como firmante y en juego su nombre, de oficio debería enviar a lo interno de Casa Presidencial pedir la información y enviarlo a la fiscalía para que los investigue por tráfico de influencias”, manifestó.
La ministra de la Presidencia defiende que no se trata de fondos públicos ni donaciones, sino de una contratación directa del banco con un proveedor privado.
“Aquí no es donación, es una contratación de servicios con terceros de parte del banco, no hay fondos públicos, porque no manejo la plata y no se incorporaron recursos al presupuesto”, dijo.
“No es un tema de fondos públicos, era de funcionarios públicos en ejercicio”, refutó el legislador frenteamplista.
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Investigación del BCIE
La semana anterior el BCIE anunció una investigación respecto al contrato de Bulgarelli ya que habría detectado posibles irregularidades en el proceso de contratación adjudicado a la empresa RMC La Productora, S.A.
“Conforme a los resultados obtenidos en la investigación y de acuerdo con el proceso de integridad (antifraude – anticorrupción) del BCIE, se ha resuelto que existen elementos suficientes para determinar que el proveedor pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de Fraude y Colusión”, anotó en Banco en un comunicado.
Ante esa afirmación, Bulgarelli señaló que contestará en el tiempo dado por la entidad (60 días), pero también analiza ir al Ministerio Público, porque considera que no se están incluyendo a protagonistas del Gobierno que fueron parte del proceso.
“Estamos valorando llevar este tema a la Fiscalía General, porque quien me investiga no está investigando al Gobierno, afectando gravemente mi reputación y la de mi empresa”, indicó a través de un comunicado de prensa.
“Evidentemente esta es una investigación preliminar no finalizada, en donde sólo figuro yo, pero nunca los funcionarios públicos involucrados incluyendo al presidente Chaves, que gestaron este contrato con el mismo Banco”, finalizó.
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