Todo Política

BCIE da 60 días a Christian Bulgarelli para defenderse de supuestas irregularidades en contrato para Presidencia

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) detectó eventuales irregularidades en el proceso de la “Consultoría Estratégica en Comunicación”, adjudicado…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 3 minutos
BCIE da 60 días a Christian Bulgarelli para defenderse de supuestas irregularidades en contrato para Presidencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) detectó eventuales irregularidades en el proceso de la “Consultoría Estratégica en Comunicación”, adjudicado a la empresa RMC La Productora, S.A., cuyo representante legal es Christian Bulgarelli.

Se trata de una licitación para dar servicios comunicacionales a la Presidencia de la República, que ha generado varios cuestionamientos.

“Conforme a los resultados obtenidos en la investigación y de acuerdo con el proceso de integridad (antifraude – anticorrupción) del BCIE, se ha resuelto que existen elementos suficientes para determinar que el proveedor pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de Fraude y Colusión”, anotó en Banco en un comunicado.

OBSERVE MÁS: Actual ministro de Comunicación “lideraba la contratación” de empresa de Christian Bulgarelli con el BCIE, aseguró el productor

Los resultados del estudio se notificaron en 16 de febrero a Bulgarelli. De ahí, corre un plazo de 60 días para presentar su descargo para ejercer así su defensa.

El material será revisado y tras ello se emitirá una resolución. Si esta implica una sanción podrían aplicarse medidas como incluir a la empresa y su representante legal en la “Lista de Contrapartes Prohibidas”.

De acuerdo con el Banco, quienes están anotados ahí “no podrían participar como oferentes o proveedores en las operaciones que se financian con recursos del BCIE, o con fondos administrados por este, en Costa Rica ni en ninguno de sus países miembros”; eso sin cerrar la posibilidad de acciones jurídicas.

La lupa en el contrato del BCIE

La relación con los fondos de cooperación del BCIE ha generado dolores de cabeza a varios gobiernos y el actual no fue la excepción. Específicamente destacó un contrato para servicios de comunicación.

Bulgarelli recibió un contrato por $300.000 del BCIE para generar productos audiovisuales para Zapote, que ahora forma parte de las investigaciones de la Asamblea Legislativa.

Precisamente, en el foro legislativo, el productor defendió que desde Casa Presidencial la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, le presentó el tema como una contratación directa y en ningún momento de licitación o concurso.

Señaló que era el hoy jerarca de Comunicación, Jorge Rodríguez, en ese momento el jefe de despacho de Rodrigo Chaves, quien estaba a cargo de la contratación con el BCIE.

“Federico Cruz y Patricia Navarro eran los encargados de generar esa contratación; doña Patricia me lleva a mí y me pide que le muestre mi trabajo.

“Revisan lo que les planteo y me pide que genere esos términos y que los revise con Federico y Jorge Rodríguez”, manifestó a mediados de enero.

OBSERVE MÁS: Exministra señala a Christian Bulgarelli y “Choreco” por su rol de asesores en el Gobierno sin ser empleados públicos

Aseguró que ellos revisaban los términos de referencia generados por su empresa. Esto antes de que el contrato quedara definido y aprobado. Además detalló que fue hasta tiempo después que conoció detalles logísticos.

“Ya nosotros teníamos 11, 12 semanas de trabajar para ganar ese contrato. Cuando los jerarcas y ejecutivos más altos del país confirman que es el procedimiento correcto ante el banco, uno tiene un grado de confianza y confié en doña Patricia y seguí adelante con el proceso”, dijo.

Bulgarelli aportó a la Comisión pruebas como audios y las conversaciones que tuvo con Patricia Navarro; así como los informes de los trabajos hechos para El Gobierno como parte del contrato obtenido con el BCIE.

Ante consultas de la diputada Andrea Álvarez, la Contraloría retomó el criterio de que los fondos del BCIE se convertían en recursos públicos al ingresar al Estado (Tomás Gómez/El Observador)