Paula Ruiz
Cuatro diputados impulsan proyectos de ley que vendrían a a modificar la Ley de Usura así como dar herramientas para evitar los préstamos “gota a gota”.
Se trata de Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el liberacionista Gilberth Jiménez y Gloria Navas de Nueva República, además de Jorge Dengo del Liberal Progresista.
Tres de ellos, coinciden en que las noticias donde hubo un atentado contra la vida de personas, así como las estadísticas por extorsión relacionadas a este tipo de préstamos, los presiona para aprobar las iniciativas.
Las iniciativas propuestas son distintas por el fondo, por lo tanto, no chocan una con la otra. Incluso, para Rojas, todas deben convertirse en Ley de la República e impulsarse de manera conjunta dado que vienen a combatir problemas sociales de inseguridad que atentan contra la vida de las personas y sus familias, tan solo por el hecho de acceso al crédito.
La semana pasada, la Fiscalía Adjunta de Heredia ordenó la detención de dos personas de apellidos Castro Zúñiga y Fernández Pérez, quienes figuran como sospechosos por los supuestos delitos de privación de libertad, amenaza agravada y agresiones.
Esto, a raíz de que en apariencia golpearan y amenazaran de muerte a una mujer con arma de fuego porque supuestamente, el hijo de ella tenía una deuda con un prestamista.
“Al parecer, uno de los hombres le dijo que pagara lo que debían y no la golpearían más”, aseguró la Fiscalía.
A esto se suma que de las 874 denuncias presentadas en lo que va del año por extorsión, 320 de ellas están en la categoría de préstamos informales.
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El proyecto de ley impulsado por Daniela Rojas es el que tiene mayor avance. Ella espera que a finales de agosto pueda ingresar a Plenario para sus votaciones finales. (Archivo/EL Observador)
Sin duda, mete presión
“Hay gente desesperada perdiendo casas, sus vidas, con incertidumbre y nos lleva a que este proyecto tiene que ser aprobado lo más pronto”, dijo Jiménez sobre el proyecto que él impulsa junto a Navas.
“Sin duda mete presión, el tema de la inseguridad en el país es claro, el tema de la escalada de homicidios es clara y las denuncias que usted está diciendo y le pondría un agravante y un signo de pregunta: estas son las denuncias que conocemos, que la gente se va y se atreve a denunciar, ¿Cuántas más no habrá denunciadas?”, señaló Dengo.
“Por supuesto (mete presión) y este no es el único proyecto en el que debe de haber presión en Asamblea Legislativa, sino como lo indiqué en control político, se debe impulsar el proyecto de gloria navas y Gilberth (…) también debemos impulsar el proyecto de Jorge Dengo”, afirmó Rojas.
El liberal aprovechó para reconocer la importancia de estas iniciativas, pero aclarar que su plan apunta más a causas estructurales pues implica modificaciones a la Ley de Usura.
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El diputado Gilberth Jiménez reconoce que las denuncias de extorsión y las noticias sobre préstamos gota a gota, les mete presión para aprobar iniciativas que buscan contrarrestar este tipo de situaciones.
El desglose
A continuación podrá observar el número de expediente, el nombre de cada proyecto de ley y un resumen de lo que busca cada iniciativa.
La más avanzada es la 23.101 de Daniela Rojas pues su proponente espera que a finales de este mes logre un dictamen positivo en la Comisión de la Mujer que le permitiría iniciar su paso por el Plenario.
Solo queda pendiente una audiencia con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para referirse al microcrédito para mujeres emprendedoras.
Rojas destacó que pese a ser impulsado fuertemente desde su presentación a la corriente legislativa, este martes inició el periodo de sesiones ordinarias que permitirá un mayor empuje dado que son los diputados quienes negocian la agenda.
Su plan básicamente aumenta el monto para microcrédito que actualmente ronda los ¢600.000 y lo aumenta hasta ¢5 millones para personas que no son sujetas a crédito en entes financieros.
Ella defiende que así se pone un freno a intereses usureros y a la vez, se pretende que las personas dejen de poner sus vidas y las de sus familias como garantía.
"Con la coyuntura actual y las últimas noticias que hemos estado recibiendo y medidas que han estado tomando países vecinos con prestamistas gota a gota, el proyecto se hace vital porque con la Ley de Usura se vino a cerrar puertas de acceso al crédito y financiamiento para un sector de la población y la necesidad de crédito siguió existiendo y han tenido que recurrir a estos prestamistas informales", señaló.
"Esto ha traído problemas de seguridad al país y se hace absolutamente necesario una herramienta más de acceso al crédito para los costarricenses de manera especial para un sector tan importante de la sociedad", amplió la socialcristiana.
Con respecto al 23.575 está siendo analizado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Jiménez señaló que ese foro tuvo atrasos en su dinámica durante los últimos tres meses, debido a la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias que los centró en Ley de Crimen Organizado y jornadas 4/3.
Señaló que sí ha tenido consultas, todavía están pendientes audiencias aunque buscará la manera de que tenga prioridad, con tal de que logre convertirse en Ley de la República en máximo seis meses.
Esta iniciativa busca tipificar como delito el abuso de los préstamos gota a gota donde establece penas y multas. Por ejemplo, para personas sin organización sería de nueve meses a tres años o entre 30 y 100 días multa. Pero, aumenta a entre 4 y 12 años para organizaciones ligadas a crimen organizado.
"Veo positivo el ambiente, en su gran mayoría todos están esperando que llegue a plenario para primer debate, creo que no va a haber obstrucción o cuestionamientos", consideró.
La diputada Rojas anotó sobre este expediente que, cuando ha mantenido reuniones con autoridades judiciales, estos les han hecho ver la importancia de tipificar como delito esta práctica pues de lo contrario, no pueden castigar como se debe.
En tanto, el 23.661 de Jorge Dengo todavía está a la espera de ser designado a una comisión legislativa, aunque aceptó que cuando este trámite se concrete, impulsará este plan.
Mala iniciativa
Con su iniciativa, se busca revertir gran parte de lo que aprobó la Asamblea Legislativa del periodo 2018-2022 con la Ley de Usura, según simplificó.
Criticó que en ese momento, no se dio el debate necesario antes de aprobar este plan que fue impulsado por el exdiputado del PAC Welmer Ramos y el verdiblanco David Gourzong.
"Quién en su sano juicio va a estar en contra de la usura pero las diputaciones a mi criterio, no se pusieron a hacr un análisis profundo como corresponde sobre todo por la conformación del mercado", señaló.
"Se les ocurrió poner un tope y los intermediarios financieros, y los que prestaban los servicios, van a hacer una depuración de su cartera de crédito porque hay ciertos créditos a los cuales, la tasa de interés a la que prestan, depende del tipo de riesgo con el cliente que tenga. A más riesgoso el cliente, más alta la tasa pero si me están fijando la tasa, no vale la pena correr el riesgo y es más fácil eliminar al cliente", continuó Dengo.
Al igual que Rojas, coincide con que los préstamos gota a gota no prestan a tasas más favorables que el mercado formal y a la vez, con la desventaja de que el sistema de cobro incluye su vida.
Dengo advirtió que con su iniciativa de ley no pretende favorecer a entidades financieras ni a "los usureros del país" -como así le indicaron en redes sociales-.
Recordó que tenía 15 años de vivir fuera de Costa Rica antes de asumir la diputación y por tanto, no tiene clientes ni intereses particulares.
De estas iniciativas, la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi) hizo un llamado a los diputados para que tramiten con urgencia el proyecto 23.101 “Ley para la Promoción y Regulación del Microcrédito como Fomento de la Inclusión Social Financiera en Costa Rica”.
“Los datos sobre la crecida de crímenes relacionados con préstamos gota a gota, no son más que el reflejo de las cientos de personas que al no poder acceder a financiamiento formal, buscan satisfacer sus necesidades por la vía informal”, indicó la asociación.
En opinión de esta organización, el proyecto es prioritario ante un aumento de crímenes relacionados con los préstamos gota a gota.
La “Ley de Usura” entró a regir a mediados del 2020 en plena pandemia, pese a advertencias de varios sectores quienes señalaban la exclusión de personas del sistema formal. La advertencia resultó profética.
Solo en sus primeros 14 meses, la normativa dejó sin tarjetas de crédito a 180.000 personas, según el Banco Central. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) apuntó por su parte, desde inicios del 2022, que la normativa requería ajustes para contrarrestar la exclusión generada -en su caso advertían de 275.000 transacciones menos solo entre junio 2020 y junio 2021-.
Cuestión de seguridad
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele dio un plazo a extranjeros que se dedican a la extorsión y préstamos gota a gota en su país, para salir de dicha nación centroamericana.
"El reloj corre, todos los falsos “turistas”, miembros de esta estructura de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido de nuestro país. Después, no escucharemos lamentaciones”, advirtió Bukele.
Ante esto, Costa Rica encendió las alertas en puntos fronterizos por la posibilidad de que estas personas ingresen a territorio nacional.
Por tal motivo, se reforzó la alerta migratoria esencialmente en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas.
"Se ha recibido información personas dedicadas a préstamos gota a gota y a quienes se les ha dado un numero de horas para salir de el salvador estarían ingresando a Costa Rica", dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad la semana pasada mediante su oficina de prensa.
Para ello, cruzan un listado con el nombre de esas personas con información compartida por autoridades de El Salvador.
Zamora advirtió del peligro que implica para el país, la entrada de estos extranjeros y por tanto, consideró importante informarle a la población de Costa Rica ante dicho riesgo.
Lo anterior, si se suma a la ola de violencia que afronta nuestro país, principalmente por homicidios dado que esta práctica podría aumentar con dichos métodos de los prestamistas. Hasta este martes, Costa Rica acumuló 512 asesinatos en lo que va del 2023.
David Gourzong (izquierda) y Welmer Ramos (derecha) son quienes impulsaron la Ley de Usura. Foto: Asamblea Legislativa.
