Sergio Arce
Dos mujeres de Costa Rica denunciaron la semana pasada, en un juicio civil en el estado de Virginia, Estados Unidos, haber sido coaccionadas para trabajar en el comercio sexual en ese país.
De acuerdo con The Washington Post, las mujeres se identificaron como “Jane Doe” y “C.V.A” -sus nombres verdaderos permanecen protegidos- y alegaron que cuatro exoficiales (entre ellos un exjefe de policía) pagaron por servicios sexuales.
Pero, además, los hombres habrían protegido a una red de trata de personas en el norte de Virginia. La responsable de este engranaje era una “madame conocida como Hazel Sánchez”, a quien el FBI detuvo en el 2019.
Sánchez fue descrita como el cerebro que llevó a Estados Unidos a varias mujeres de Costa Rica a lo largo de varios años con fines de explotación sexual, según los documentos judiciales.
Los señalados de aparentemente proteger a esta red y obstruir las investigaciones en torno a esta red son: Edwin C. Roessler, el capitán James Baumstark y los oficiales Michael O. Barbazette y Jason J. Mardocco, agrega el rotativo estadounidense.
El exjefe de la policía Edwin Roessler y Jason Mardocco, ambos de la policía de Fairfax County en Virginia son dos de los acusados por las dos mujeres de Costa Rica. Fotos de Fairfax Country
Los abogados defensores de los cuatro hombres negaron los cargos y, por el contrario, arremetieron contra la veracidad del testimonio de las dos mujeres costarricenses.
“Degradantes actos sexuales bajo amenazas”
Doe interpuso la demanda en octubre del 2021 por “daños y perjuicios” y el caso se elevó a juicio.
The Washington Post informó que el juez a cargo del caso, Anthony J. Trenga, suspendió la sesión brevemente ante el llanto desconsolado de Doe, quien relató haber vivido “degradantes actos sexuales que, según ella, Sánchez la obligó a realizar bajo amenazas”.
“Eran policías que habían jurado hacer cumplir la ley, no infringirla”, argumentó el abogado de Doe de apellido Glasberg, de acuerdo con el rotativo estadounidense.
Por su parte, Doe insistió en que se trató de “relaciones sexuales forzadas y bajo amenaza”.
“Tenían que protegernos. Tenían que no ser los clientes. No tenían que proteger al círculo de Hazel”, agregó la ofendida en su declaración.
El temor de la costarricense -aseguró ante el FBI en una entrevista previa- era que le hicieran daño a su hijo en Costa Rica.
En el caso de la otra afectada (C.V.A) -y quien compareció como testigo de Doe- contó que los cuatro acusados pagaron por servicios sexuales.
Incluso, acusó a la “madame” de condiciones coercitivas, como por ejemplo, retenerles los pasaportes y no permitirles que comieran durante el día.
“La mujer dijo que mantenía relaciones sexuales con Mardocco a cambio de dinero, y que él se quejaba cuando ella se negaba a mantener relaciones sexuales sin protección.
“Dijo que una vez vio a Barbazette entrar en una habitación con Doe. Agregó que Baumstark era un cliente de Sánchez a quien describió como ‘otra protegida nuestro'”, informó The Washington Post.
C.V.A también señaló a Roessler como “cliente de la operación”.
La versión de la “madame”
Sánchez fue condenada a dos años y medio de prisión tras admitir que gestionó “actividades de prostitución ilegal” para otras cinco mujeres.
En su comparecencia como testigo, Sánchez dijo que de los imputados solo reconocía a uno de los exoficiales de apellido Barbazette.
Cuando los abogados de Doe interrogaron a Sánchez si había realizado acciones coercitivas (de trata con fines sexuales) contra las afectadas, el juez le hizo saber que ella no debía responder al amparo de la Quinta Enmienda.
Por su parte, la fiscal federal adjunta Maureen C. Cain escribió en un escrito de sentencia de 2019 que Sánchez “se aprovechó de mujeres vulnerables que hablaban poco o nada de inglés”.
“Nuestra sociedad no debería condonar la explotación sexual de las mujeres con fines de lucro.
“Nuestra sociedad tampoco debe condonar las tácticas manipuladoras y coercitivas que se emplean comúnmente para mantener a las mujeres trabajando en la prostitución y que se utilizaron en este caso”, escribió Cain, apuntó el rotativo estadounidense.
La defensa de los acusados
Los abogados defensores de los acusados se enfocaron en desbaratar los argumentos de ambas mujeres.
Primero, insistieron en que ellas no eran explotadas sexualmente, sino “trabajadoras sexuales voluntarias”. Tanto que sabía que la tarifa por 15 minutos de sexo eran $100.
Uno de los abogados comentó que Doe llegó a Estados Unidos porque quería trabajar como niñera o ama de llaves.
Pero que ella admitió -ante el FBI- que sabía que podía ganar dinero como dama de compañía. Incluso, alegó que la denuncia se plantea luego de que a Doe se le negó su solicitud de residencia.
Trata de personas
En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protocolo contra la trata de personas).
El Protocolo entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 y en enero de 2019 ya tenía 173 Estados parte.
La ONU define la trata de personas como:
“El reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad.
“También de de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación.
“La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos”.
