El Poder Ejecutivo apeló la decisión tomada por el Tribunal Contencioso Administrativo por la suspensión del traslado del terreno del Liceo de Costa Rica a manos del Ministerio de Educación Pública (MEP), ubicado en Plaza Víquez.
La cuadra en cuestión, es un terreno requerido para realizar el proyecto de Ciudad Gobierno.
Laura Fernández, ministra de Planificación y jerarca de la institución coordinadora del proyecto, confirmó el trámite realizado por el Gobierno.
“Se presentó una apelación a esa medida tomada por el Tribunal Contencioso Administrativo, consideramos que no procede una anotación sobre un bien público y estamos esperando que el proceso siga su curso”, indicó.
Fernández aseveró que el terreno en disputa es una bodega utilizada actualmente por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como un taller y no se trata de un aula o un área necesaria para el desarrollo de la educación de los jóvenes.
Por el espacio hay un alquiler mensual que le genera ¢18 millones al Liceo de Costa Rica.
La jueza Godelieve López Salas, tomó la decisión de suspender el traslado con base en el interés de modificar el inmueble.
“Resulta evidente que versando el fondo del proceso ordinario en la nulidad del Convenio de Cooperación Interinstitucional, y en consecuencia la nulidad del traspaso de la finca correspondiente al fondo de este asunto, hay una pretensión de modificación y extinción sobre el derecho del bien inmueble objeto de esta litis. Por lo anterior, considera esta juzgadora que en aras de evitar actuaciones registrales que puedan tornar gravosa la situación jurídica en discusión procede ordenar la anotación de la demanda”, resolvió.
La acción fue interpuesta por el abogado Francis Tejeda y Fernando Orozco, presidente del gobierno estudiantil de Liceo.
“Esa propiedad fue donada a ese colegio mediante un ley para ampliar sus instalaciones, por lo que a su entender no se puede traspasar mediante un reglamente que tiene un rango inferior según la ley”, señalaron Tejada y Orozco en el documento presentado en primera instancia.
Ambos estimaron que el edificio tiene un costo de ¢3.200 millones con base en un avalúo a cargo del ingeniero Roberto Loría, por lo que se inclinan por una indemnización en beneficio del centro educativo.
El convenio para el traslado se firmó el 9 de junio anterior por Yesenia Mathiew, presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, quien actualmente no ejerce estas funciones.
Además, de Anna Katharina Müller, ministra de Educación; Jéssica Martínez, exministra de Vivienda y Luis Amador, jerarca del MOPT.
Se intentó tener una posición por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), pero no hubo respuesta por parte del Departamento de Prensa.
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El convenio se firmó el 9 de junio entre Yessenia Mathiew, presidenta de la Junta del Liceo de Costa Rica y los ministros Luis Amador y Anna Katharinna Müller, además de Jéssica Martínez, exjerarca de Vivienda. (Cortesía MEP)
Sigue adelante
Pese a la decisión del Tribunal, Fernández indicó que el proyecto continúa hacia adelante y la meta de mover tierra en diciembre, continúa, según dijo con anterioridad.
“El proyecto sigue en etapa preparatoria de formulación, de análisis, de estudios y demás con la mira puesta en que se una realidad dentro del menor plazo posible, especialmente por el enorme beneficio que genera para nuestro país en virtud de las economías de escala que puede generar en un mediano plazo y el gran alivio para el presupuesto nacional que este proyecto de lograrse desarrollar, generará”, especificó.
La ministra defendió que se trata de un proyecto donde ganan las instituciones y el país, debido a que los ahorros generados pueden ser invertidos en otras obras como infraestructura, educación, salud u otros.
El Gobierno defiende que esto permitirá ahorros anuales por $23,5 millones.
“El edificio va a generar oportunidades de capacitación, aulas y demás para las instituciones que allí se alberguen. Nosotros somos respetuosos de los procesos judiciales y del ordenamiento judicial de nuestro país a lo que nos notificó el Tribunal Contencioso”, amplió.
“Nos permitirá no solo dejar de gastar más de ¢14.000 millones anuales en alquileres privados, sino que dentro de un par de años les permitirá a nuestros compatriotas, contar con una infraestructura propia”, aseguró Rodrigo Chaves, presidente de la República en marzo.
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200.000 metros cuadrados
La obra es de 200.000 metros cuadrados, según expuso la ministra de Planificación, donde se reunirán 35 instituciones públicas.
Una institución que se incorpora por completo es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y se valora contabilizar al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).
En total, serían 11.000 funcionarios los que se reunirían en esta área que incluiría comedores, salas de reuniones para sindicatos, espacios para vehículos, aspectos de salud ocupacional, entre otros.
Para llevar a cabo esta obra se requiere de 13 expropiaciones que están a cargo del MOPT. Luis Amador, jerarca de esta entidad, indicó que no recordaba con exactitud el monto exacto ya presupuestado para este fin.
Sería el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien otorgue el dinero para realizar la obra.
“No es un crédito, es un esquema BOLT (Build, Operate, Lease & Transfer) donde el BCIE asume el rol entonces nos saltamos la Asamblea Legislativa. Bajo el esquema de arrendamiento le permite al Estado cumplir todas las metas fiscales en cuanto a tema de endeudamiento”, explicó Álvaro Alfaro, jefe de país del BCIE, con anterioridad.
Así las cosas, el Banco aprobó $450 millones para realizar el proyecto y será este ente quien se encargará de todos los procesos.
No obstante, la Contraloría General de la República (CGR), advirtió que no se puede utilizar esta figura para la construcción del inmueble, por lo que recordó que se debería de someter a procedimientos ordinarios de contratación previstos en la Ley.
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