Paula Ruiz
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está a la espera de que el Poder Ejecutivo finalice con etapas requeridas para ellos proceder con las licitaciones relacionadas con Ciudad Gobierno.
Este medio consultó a la entidad sobre las licitaciones, dado que el 31 de marzo anterior, el expresidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo ante empresarios españoles que la licitación estaría lista en pocas semanas.
“Entre los proyectos más destacados, Mossi ha señalado el nuevo complejo del Gobierno de Costa Rica que está previsto construir en San José, con un presupuesto de $450 millones de dólares y que en 60 días se licitará su diseño y construcción”, informó la entidad en un comunicado en ese momento.
Sin embargo, ese tiempo ya sobrepasó y todavía no hay licitación.
“Podemos indicar que actualmente nos encontramos en la fase preparatoria a la espera de que el Gobierno finalice con el cumplimiento de condiciones previas según lo establece el ordenamiento jurídico costarricense, para que puedan firmar el contrato de arrendamiento operativo”, respondió el Banco.
“El BCIE se encuentra a la expectativa de que se finalicen estas etapas para poder iniciar con la relación contractual y con ello comenzar con la ejecución de las siguientes fases”, amplió.
Con respecto del contrato de arrendamiento operativo al que hace referencia el ente financiero, se trata de un periodo de 25 años mediante los cuales, el BCIE le alquila el inmueble al Estado. Al finalizar ese período, el edificio pasa a manos costarricenses.
El 17 de agosto pasado, la oficina de prensa de Casa Presidencial informó que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) ya no sería más el coordinador del proyecto y pasó a manos del Ministerio de Planificación, liderado por Laura Fernández.
“Se requiere de un adecuado análisis mediante el uso de herramientas del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el acoplamiento de actividades y responsabilidades específicas en diversos ámbitos institucionales ligados a la planificación urbana, planificación de proyectos, hacienda pública, expropiaciones, avalúos y otras”, indica el decreto que registra el cambio.
La decisión se tomó mes y medio después de anunciarse la salida de Jéssica Martínez como ministra de Vivienda.
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¿Cuál es el primer punto?
Desde febrero, cuando se anunció la obra se reconoció el interés por iniciar el movimiento de tierras a más tardar en diciembre de 2023.
Álvaro Alfaro, jefe de país del BCIE, dijo con anterioridad que ese será el primer paso que permita las construcciones del inmueble.
Fernández afirmó que ese plan se mantiene.
“Nosotros tenemos un cronograma de trabajo y esperamos iniciar, antes de mover tierra hay que hacer demoliciones y lo que va a empezar es la etapa de demoliciones, que por supuesto implica la demolición de estructuras y adicionalmente, todo lo que tiene que ver con la preparación de los terrenos, empezamos como cuando uno compra un lote a dejarlo listo para construir, para que una vez que el BCIE haga la licitación, que tendrá que ser una licitación internacional por la envergadura, ya se tenga el terreno totalmente listo”, explicó.
El primer punto en el cronograma es inscribir el proyecto en el Banco de Proyectos de Inversiones Públicas, de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
Eso significa, que el plan debe contener la prefactibilidad, inscrito a nivel de perfil ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública, expuso Fernández.
“Eso implica una serie de estudios, evaluación económica, social y otra serie de elementos de naturaleza técnica, en eso es lo que los equipos han estado todo este año, preparando esos estudios técnicos. Una vez que esté adecuadamente inscrito, se formaliza un contrato con el BCIE de arrendamiento operativo, tipificado en la nueva Ley de Contratación Administrativa, esa va a permitir al gobierno tener llave en mano donde el banco va a diseñar, licitar, a construir y operar el edificio por un periodo determinado”, especificó la ministra.
Todavía no está inscrito, aunque la jerarca aseguró que todo camina en paralelo debido a la magnitud de esta obra. Asimismo, indicó que la inscripción no es burocrática sino técnica.
Fernández defendió que una vez firmado el contrato, se podrá iniciar con las demoliciones, porque no dependen de la suscripción del contrato en virtud de que son terrenos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Para las demoliciones, se tiene un cronograma donde se iniciaría con las edificaciones que están en desuso.
“Una vez suscrito el contrato, el BCIE inicia con la licitación que no debe tomarle mucho tiempo al BCIE para iniciar obras si Dios lo permite, el próximo año”, señaló.
Aunque, para lograr ese contrato, primero se debe de inscribir el proyecto.
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Mala estimación
Tras el reciente anuncio de traspaso de coordinación desde el Mivah hacia Mideplan, esta última institución informó que serán 35 las instituciones reunidas en Ciudad Gobierno.
Sin embargo, en junio cuando este medio solicitó la lista de entidades, Mivah informó sobre 18. ¿A qué se debe el cambio?
Laura Fernández señaló que hubo “una mala estimación, en parte, una mala estimación porque habían entendido que un ministerio y un órgano desconcentrado son lo mismo y no. Por ejemplo, Mideplan va para Ciudad Gobierno, usted no puede registrar a Mideplan como una institución si le está poniendo a la par a la Dirección General de Servicio Civil y al Tribunal del Servicio Civil. Tanto la Dirección como el Tribunal son órganos desconcentrados de Mideplan, pero son instituciones independientes, tienen naturaleza jurídica, personal, equipo, alquilan y cuando se hizo el cálculo no habían tomado en cuenta esa particularidad”.
Pese a esta diferencia de casi el doble, no será necesario ampliar el espacio ya estimado y todos cabrán en los 200.000 metros cuadrados que se planearon desde el principio.
Una institución que se incorpora por completo es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y se valora contabilizar al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).
En total, serían 11.000 funcionarios los que se reunirían en esta área que incluiría comedores, salas de reuniones para sindicatos, espacios para vehículos, aspectos de salud ocupacional, entre otros.
Sobre aspectos viales en Paso Ancho, donde estaría este complejo de edificios, Fernández indicó que se prevé contar con megaterminales de transporte tanto de autobús como de tren.
“Es un proyecto grande y desafiante pero estamos siendo cuidadosos con todos esos elementos de ordenamiento vial, también hemos tomado en cuenta la planificación urbana de San José, la densidad de construcción de plan regulador de San José”, puntualizó la ministra de Planificación.
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13 expropiaciones
Para llevar a cabo esta obra se requiere de 13 expropiaciones que están a cargo del MOPT. Luis Amador, jerarca de esta entidad indicó que no recordaba con exactitud el monto exacto ya presupuestado para este fin.
Se intentó obtener el dato mediante la oficina de prensa de esta institución, pero no fue posible obtenerlo al cierre de esta nota. Estos recursos no requieren aprobación legislativa mediante un Presupuesto Extraordinario, sino que se otorga una habilitación de contenido económico que no implicó gasto extra para el Ministerio de Obras Públicas.
“Se le ha notificado a los propietarios con respecto a las expropiaciones, se hizo el avalúo que dice cuánto cuesta cada propiedad. Hay uno que parece que el propietario habría fallecido y está en un sucesorio o algo similar, ese es más complicado, los otros, posiblemente estén bien”, detalló Amador.
“Estamos esperando respuesta porque ellos pueden aceptar el avalúo, podrían no aceptarnos pero dejarnos entrar en posesión voluntaria que es lo que se les está pidiendo para que el proyecto no se atrase, estamos en espera de esas respuestas”, amplió.
El plan es dejar listas todas las expropiaciones para este año, según contó Fernández.
Otro aspecto es el terreno en manos del Liceo de Costa Rica mediante la Ley 5580 que actualmente es ocupado por el Ministerio de Obras Públicas mediante alquiler.
En junio se firmó un convenio para el traslado del terreno entre Amador; Anna Katharina Müller, ministra de Educación, Jéssica Martínez entonces jerarca Vivienda y Yesenia Mathew, como presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica.
Sin embargo, se está todavía a la espera de resolución por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda después de una demanda interpuesta por el abogado Francis Tejada y Fernando Orozco, presidente del gobierno estudiantil de Liceo.
Estos últimos reclaman que el MEP se basó en un reglamento por encima de una Ley de la República y, además, aseguran que presionó a la Junta Administrativa para la firma del convenio. La propiedad es necesaria para la construcción de la llamada Ciudad Gobierno.
“El deporte nacional es volar serrucho y hacer que nada salga. Es gente que no tiene conciencia, que no se da cuenta que hacer una Ciudad Gobierno no solo le ahorra recursos al país sino que también empieza a generar un cambio en la ciudad que tiene sectores feítos, seamos honestos”, declaró Amador sobre el tema del Liceo de Costa Rica.
Por su parte, la jerarca de Mideplan aseguró que el terreno es del Ministerio de Educación Pública y dejó claro que las instalaciones donde se ubica el Colegio, no serán tocados para esta obra.
