Paula Ruiz
El Gobierno presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la Contraloría General de la República para solicitarle reconsiderar la figura de arrendamiento que se pretende utilizar para impulsar Ciudad Gobierno.
La idea del Poder Ejecutivo es alquilar durante 25 años el inmueble al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que después de transcurrido ese periodo pase a manos del Estado.
Laura Fernández, ministra de Planificación y Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, presentaron el documento ante el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría.
“A partir de todos los elementos de juicio expuestos en los apartados anteriores, solicitamos que se reconsidere parcialmente la “Advertencia relacionada con el trámite del Proyecto Ciudad Gobierno”, según oficio 11837 (DFOE-FIP-0354) de 4 de setiembre de 2023 (…)”, indica el documento enviado por los ministros.
En la advertencia de la Contraloría, se indica que no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes, prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración.
Uno de los motivos que argumenta el órgano contralor, tiene que ver con que el terreno donde el BCIE pretende construir el inmueble, son propiedad del Estado, por lo tanto la figura pretendida no cabría para esta oportunidad.
Ambos jerarcas también solicitaron una audiencia formal con representantes de la Contraloría con el objetivo de buscar alternativas y soluciones para llevar adelante este proyecto.
“Estamos dando argumentos no solamente técnicos y de legalidad sino que además, estamos mostrando que el proyecto Ciudad Gobierno persigue el mayor interés público por lo cual esperamos lograr por medio del diálogo y el trabajo en conjunto con la Contraloría General de la República, el vehículo habilitante para poder continuar con este importante proyecto”, declaró Fernández.
Esta edificación se pretende construir en Plaza Víquez, donde actualmente se encuentra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otras áreas aledañas para las cuales se requieren 13 expropiaciones.
Se busca reunir a unas 35 instituciones y alrededor de 11.000 funcionarios en cinco inmuebles en 200.000 metros cuadrados de construcción.
El Gobierno ha dicho con anterioridad que el proyecto le costaría al BCIE $450 millones.
“El proyecto se encuentra en etapa de formulación apegado al ordenamiento jurídico nacional, especialmente a postulados de la Ley de Contratación Pública y su reglamento”, afirmó el Gobierno mediante un comunicado de prensa emitido la tarde de este viernes.
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A la espera
Aunque las licitaciones requeridas para esta obra se preveían con anterioridad, a la fecha no han sido publicadas.
El 31 de marzo anterior, el expresidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo ante empresarios españoles que la licitación estaría lista en pocas semanas.
“Entre los proyectos más destacados, Mossi ha señalado el nuevo complejo del Gobierno de Costa Rica que está previsto construir en San José, con un presupuesto de $450 millones de dólares y que en 60 días se licitará su diseño y construcción”, informó la entidad en un comunicado en ese momento.
Sin embargo, ahora el Banco está a la espera de que el Poder Ejecutivo complete trámites para proceder con esta etapa.
“Podemos indicar que actualmente nos encontramos en la fase preparatoria a la espera de que el Gobierno finalice con el cumplimiento de condiciones previas según lo establece el ordenamiento jurídico costarricense, para que puedan firmar el contrato de arrendamiento operativo”, respondió el Banco ante consulta de este medio.
En tanto, Fernández defendió que el proyecto avanza en varios frentes, pero confirmó que uno de los primeros pasos es inscribir el proyecto en el Banco de Proyectos de Inversiones Públicas, lo cual todavía está pendiente.
Pese a este escenario, en el Gobierno tienen la expectativa de realizar movimientos de tierra a partir de diciembre de este año e iniciar con la construcción en 2024.
