Visión País

Embarazos no deseados o intentos de suicidio: los otros efectos de los delitos sexuales de los que no se habla

por Tomás Gómez
Observador CR

No siempre se habla del tema, pero sufrir un delito sexual puede tener consecuencias adicionales que van desde un embarazo no deseado hasta una depresión que termina en intentos de suicidio.

Eso sin mencionar el viacrucis jurídico que se viene para la víctima.

La estadística de los delitos sexuales tiene tres elementos graves: el hecho en sí mismo, que no todos los casos son denunciados y que muchas veces las víctimas y sus familias toman acción hasta que la situación es reiterada.

A ello se suma lo complicado que suele ser el abordaje legal de los casos y que, muchas veces, la persona afectada es el único testigo, así que todo el proceso judicial pesa sobre sus hombros.

Así se resume el diagnóstico que el Ministerio Público presentó sobre los delitos sexuales, que llevan una tendencia al alza en Costa Rica, luego de la baja relativa que había implicado la pandemia.

El 2022, por ejemplo, acumuló más de 10.000 causas asociadas:

No cualquier víctima

El problema se agrava por el perfil de las víctimas. Si bien los delitos contra la propiedad son los más denunciados a nivel local, los ilícitos de corte sexual no se quedan atrás y la mayoría de veces se ciñen contra poblaciones consideradas vulnerables.

Así lo ratifican las Fiscalías de Género, Asuntos Indígenas, Niñez y Penal Juvenil. Las directoras de los entes confirmaron la alta incidencia de este tipo de faltas.

Debby Garay, Fiscala Adjunta de Género y Delitos Sexuales, advierte, por ejemplo, que el delito más denunciado es de abuso sexual. Para el 2022 el promedio era de casi dos casos diarios, pero la alarma no termina ahí.

"¿Por qué preocupa? Porque siguen sin ser todas. Cuando estas denuncias se recibieron por lo general no era el primer evento que se estaba presentado", resume.

A ello suma que hay un modus operandi de parte de los victimarios que se va agravando.

"Lo peor, la violencia va en aumento. Lo que empezó con un beso, con una insinuación, avanza a un tocamiento que la víctima sufre", amplió.

Rocío de la O, encargada de los procesos de asuntos indígenas, detalló que en estas comunidades el problema también está.

"Los delitos de mayor incidencia que se reciben en esta materia son delitos de violación al igual que vemos con la fiscalía adjunta de género. Delitos cómo relaciones sexuales con persona menor de edad, relaciones impropias", expuso.

OBSERVE MÁS: Costa Rica registra 10 intentos de suicidio cada día, la mayoría son mujeres de entre 25 y 50 años

Cuando los menores son victimarios

El abordaje de los delitos sexuales tiene un capítulo especial en la Fiscalía Penal Juvenil.

Ahí se analizan los delitos atribuidos a los jóvenes entre los 12 y los 18 años, destacando como principal acusación la de abuso contra otros menores.

"En el año 2022 la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil a nivel nacional tuvo un ingreso de 10.774. El delito con mayor incidencia criminal de acuerdo al ingreso de causas fue el de abuso sexual contra persona menor de edad, con 1.558 causas", reza el informe oficial. ,

Un dato llamativo es que entre este grupo se cuelan también los delitos de violación y el de difusión de pornografía entre los 10 más achacados.

OBSERVE MÁS: Pandemia agravó la salud mental de los costarricenses y médicos no dan a basto con la atención

El riesgo clave: mucho depende de la víctima

Pasado el delito sexual, la persona afectada tiene por delante un largo proceso de revictimización. Este va desde la narración de los hechos varias veces ante diversas autoridades judiciales, posibles exámenes físicos y otros trámites que no todas las personas logran o quieren completar.

Ahí la fiscal Garay resaltó el riesgo de los rezagos en la justicia. Los atrasos hacen que las personas que apoyaban el proceso vayan bajando el ánimo de participación o el nivel de colaboración.

A ello se suma también el contexto de algunos casos que se dan en el entorno de las personas afectadas.

"Muchas víctimas que sufren estos delitos de violencia sexual, de violencia de género, tienen una relación de parentesco con la persona agresora", apunta la jurista.

"Cuando son llamadas a declarar tienen un derecho constitucional de abstención que es el derecho de no contar lo que hizo un familiar y muchas víctimas, por las razones que ustedes puedan suponer, porque siguen en el ciclo, porque hay dependencia emocional o económica, deciden no declarar", acotó.