La empresa estatal venezolana Alunasa adeuda más de ¢1.000 millones en prestaciones a sus exempleados pero también tiene facturas millonarias con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Según los datos públicos, hasta este miércoles el monto era de ¢251,601,650.
Esto bajo el nombre de C V G Aluminios Nacionales Sociedad Anónima, cuya cédula jurídica es 3-101-035373.
El registro de la CCSS advierte de paso que el proceso ya fue elevado a cobro administrativo.
Los pendientes de Alunasa
Luego de años de polémicas, la empresa Alunasa cesó operaciones en Esparza a fines del año anterior, dejando sin empleo a más de un centenar de trabajadores.
De paso, no les canceló la liquidación, lo que generó un conflicto que en teoría se arregló con una conciliación. El trato era cancelar ¢1,021,296,900 a 105 exempleados el pasado lunes, pero el dinero no llegó según denunció el sindicato.
El tema estuvo presente en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno de este miércoles.
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La presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, dijo que hay interés en el proceso, que ella misma siguió durante los meses que fue Ministra de Trabajo. A la vez señaló que esperaban respuestas esta misma jornada.
“El día de hoy estoy esperando una llamada de una autoridad venezolana para que me indique la fecha en que se van a hacer estos pagos”, narró.
Sin detallar el plan, el presidente Rodrigo Chaves sumó que buscaría medidas adicionales.
“Si no se da lo que se tiene que dar el Gobierno va a tomar otras medidas, las que sean necesarias y legales”, señaló.
Entre Costa Rica y Venezuela
Alunasa nació originalmente como una empresa del Estado costarricense para explotar la bauxita de la Zona Sur.
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Tras cesar la explotación de material a nivel local se comenzó a tener vínculos con capital venezolano para obtener materia prima en Sudamérica y al cerrar el plan de empresas estatales en Costa Rica, las autoridades venezolanas la adquirieron como parte de la Corporación Venezolana de Guayana.
Alunasa estaba establecida en Esparza, Puntarenas. Al momento del cierre sumaba una planilla de 183 empleados, de los cuales más de un centenar aún no son indemnizados.
