Tomás Gómez
Los exdiputados que formaron parte de la Comisión Investigadora de Cementazo se mostraron satisfechos por el dictamen en que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) señaló las faltas al deber de probidad de Víctor Morales Zapata por sus gestiones a favor del importador Juan Carlos Bolaños.
La posición de la PEP reafirmó las conclusiones aportadas por los legisladores en su informe final presentado en el 2017, lo que dejó satisfecho a Ronny Monge, quien había presidido el foro.
“Yo creo lo que queda comprobado una vez más es que la comisión trabajó con seriedad. A pesar de que no era fácil señalar a un compañero diputado, en ese momento los testimonios que nosotros recibimos nos llevaron a tener por probados ciertos hechos que nos llevaron a las recomendaciones que ahora la Procuraduría General de la Repíblica acoge”, declaró el liberacionista.
A sus palabras se sumó Nidia Jiménez, integrante de la comisión por parte de Acción Ciudadana, quien espera que las investigaciones de la PEP den continuidad a los hallazgos que hizo el Poder Legislativo. “Aquí en Costa Rica lo que no debe temblar es la mano para hacer cumplir la ley”, indicó.
Por último, el socialcristiano William Alvarado dijo estar “muy satisfecho con la comisión y porque tanto la Procuraduría como la Fiscalía estén trabajando sobre esos temas”.
Los hallazgos de la Comisión
Además de Monge, Jiménez y Alvarado, la comisión estuvo integrada por Ottón Solís -del PAC-, Patricia Mora -del Frente Amplio- y Julio Rojas y Sandra Piszk -liberacionistas-. Además, el libertario José Alberto Alfaro y el diputado evangélico Abelino Esquivel.
Tras la investigación realizada, el grupo presentó un informe en que señalaba diferentes responsabilidades para figuras de todos los poderes. Nombres como el del expresidente Luis Guillermo Solís, el de su Ministro de Economía y actual diputado Welmer Ramos, el antiguo Fiscal General Jorge Chavarría y el exmagistrado Celso Gamboa.
El informe también enlistaba las faltas del entonces legislador Victor Morales Zapata, quien renunció a la fracción oficialista pero siempre fue una de las principales fichas de la administración Solís Rivera.
Las acusaciones contra Morales fueron retomadas por el informe de la PEP que El Observador dio a conocer el miércoles, donde se consideraba que “con su actuar alejado del deber de probidad, a la función pública representativa le dio otro sentido, el de representar intereses particulares de Juan Carlos Bolaños, transgrediendo las funciones y competencias otorgadas por la Constitución Política (…) vulnerando el principio de legalidad contemplado en el artículo 11”.
Esperanzas de cambio
Aunque lamentan el tiempo que ha tardado la investigación, los exdiputados consultados esperan que los esfuerzos de la comisión sirvan también para generar un cambio en la política nacional.
“Nosotros como clase política somos los primeros que tenemos que abrir nuestro libro y actuar de conformormidad y en el momento en que fallamos tenemos que responder como cualquier otro ciudadano”, indicó Ronny Monge.
William Alvarado declaró que “esto deja un precedente en el tema de probidad y en el tema de la participación de la clase política en la toma de decisiones para favorecer a ciertos sectores y empresas”.
“Si una persona en un cargo público lo que se dedica a sus intereses personales y no los del país no merece volver a escuchar un cargo público”, dijo, a la vez que lamentaba la falta de celeridad en el proceso. “Ya usted sabe que la ley en Costa Rica no es ni pronta ni muy cumplida a veces”, concluyó.
