Tomás Gómez
A 20 meses de su detención en México, el exsacerdote Mauricio Víquez fue extraditado a Costa Rica este jueves. Esto para que continúe los procesos legales por los supuestos delitos sexuales que se le achacan contra menores de edad.
A las 7:25 am, hora de México, el imputado de apellidos Víquez Lizano fue puesto a las órdenes de Interpol Costa Rica por parte de las autoridades mexicanas, para que se concretara el proceso de extradición a pedido del Ministerio Público.
Pasado el mediodía llegó el avión que lo trae desde México hasta el Aeropuerto Juan Santamaría.
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Se completa así un proceso de búsqueda desde que Víquez huyó del país, vía Panamá, en el 2019.
El Ministerio Público confirmó que una vez que Víquez culmine el trámite de migración será trasladado a celdas del Organismo de Investigación Judicial. Ahí será reseñado, proceso que consiste en la toma de datos previos y de identificación.
Luego será puesto a las órdenes de la Fiscalía, donde se procederá a tomarle la declaración indagatoria y, posteriormente, se definirá la posible solicitud de medidas cautelares.
Señalamientos al sacerdote llevaban décadas
Las primeras quejas contra Víquez datan del 2003 pero el proceso ante la Iglesia Católica no escaló a denuncias.
Los “hechos irregulares” alegados entonces se convirtieron en denuncias hasta 15 años, inicialmente en la instancia eclesiástica. Ese fue el detonante para una ola de alegatos contra el sacerdote, a quien la Iglesia tenía destacado como vocero para temas de familia.
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Sólo una de las denuncias canónicas llegó a la vía judicial. Se trata de una aparente violación, por la que Víquez se dio a la fuga hasta ocho meses; al procurar el vencimiento de una pesquisa abierta el 2 de octubre de 2019.
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Cuando Facebook delató al sacerdote
En julio del 2018 la Iglesia determinó la separación del sacerdote Víquez. La expulsión definitiva llegó en el 2019 por recomendación de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El proceso se fue haciendo en ausencia de Víquez, que quedó con paradero desaparecido. Esa ausencia también le costó su puesto de profesor de bibliotecología en la Universidad de Costa Rica, luego de no presentarse dar clases por más de tres meses.
Un seguimiento policial posterior determinó que Víquez salió del país, vía Panamá, el 7 de enero del 2019. En ese momento, el Tribunal Canónico le notificó del proceso de investigación judicial, llevado en el expediente 854-0994-PE de la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género.
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Para entonces, quedaban menos de 9 meses para que prescribiera la única actuación delictiva por la que podía ser condenado. En razón de lo anterior, el Juzgado Penal de Desamparados (a cargo del caso) emitió una orden de captura internacional el 19 de febrero de 2019.
No obstante, no sería hasta el 11 de abril de 2019 que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) obtendría información clave para conocer el paradero del exsacerdote. Para esa oportunidad, un reporte confidencial dio cuenta de redes sociales utilizadas por Víquez.
En ellas, el sacerdote publicó información como su segundo nombre, edad, atestados académicos y un comentario sobre la muerte de un familiar. Todo ello fue clave para descifrar su identidad.
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Toda la investigación llevó hacia un sitio que el mismo denominaba “La Guarida”. Se trataba de un recinto en el municipio de San Nicolás de los Garza, Monterrey, estado de Nueva León, al norte de México.
En ese sitio fue caputarado la madrugada del 18 de agosto del 2019 en un por agentes de la Policía Federal de México.
Víquez quedó detenido a partir de entonces pero con ello quedó suspendida la prescripción de los delitos, lo que permitiría continuar con el proceso judicial una vez que retorne a Costa Rica.
Últimos cartuchos fracasaron
La defensa de Víquez intentó hasta el final promover que las causas contra el exsacerdote habían prescrito.
También reclamaron que la detención no respetó el debido proceso, pero el juez penal de la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó los argumentos a mediados de marzo.
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Con ello, los trámites para devolver a Víquez a Costa Rica superaron una de las trabas principales.
La Cancillería Mexicana había dado su aval para la extradición desde marzo del 2020 y ahora por fin se materializa.
