Tomás Gómez
Cinco ministerios y varias de sus dependencias, 15 instituciones descentralizadas y 7 entes públicos no estatales tienen en sus manos la responsabilidad de dirigir las políticas públicas sobre la productividad del país.
La suma de todos ellos crea un “ecosistema” de 37 participantes que no terminan por actuar en conjunto ni alcanzar los resultados.
Así lo advierte el Estado de la Nación al retomar investigaciones que ha venido acumulando en los últimos años.
“En el país existen múltiples instituciones, programas, consejos representativos y presupuestos dedicados al sector productivo, pero la falta de coordinación entre estos mecanismos limita la implementación y efectividad de las políticas”, apunta la investigadora Pamela Jiménez.
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El diagnóstico recalca que se trata de un tema notorio donde las causas están plenamente identificadas.
“Este ha sido el elefante en el cuarto: se conocen las limitaciones de la institucionalidad, pero poco se ha discutido y resuelto”, describe la experta.
“El país ha carecido de una política de Estado en materia de desarrollo productivo con enfoque territorial y sectorial; rectoría definida y mecanismos de articulación interinstitucional”, continúa.
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Las buenas intenciones topan con las instituciones
Tras analizar las propuestas que han venido haciendo las últimas administraciones, el PEN hace dos señalamientos. Por un lado las propuestas comienzan a quedarse cortas y por otro su materialización se ve complicada.
“Desde hace más de quince años hemos presenciado cómo distintos gobiernos anuncian planes de desarrollo productivo que prometen la fórmula para que la economía costarricense logre superar el crecimiento anual promedio de alrededor de 3,8% del PIB, el cual es insuficiente para generar los empleos de calidad que se requieren”, aseveran.
“En la literatura, la discusión nacional y las promesas de campaña se pueden encontrar múltiples apuestas para alcanzar esta meta; sin embargo, todas estas alternativas deben de pasar por un mismo camino: una institucionalidad pública heterogénea y compleja”, siguen.
¿Centralizar o cambiar por la productividad?
El estudio a las instituciones describió los distintos perfiles que estas tienen; esto basado principalmente en dos ejes:
- Poder de nombramiento: capacidad del Gobierno para designar jerarcas
- Poder del tesoro: rango de financiamiento que depende del Presupuesto Nacional
De ahí se determinó que un 41% son centralizadas con mayor dependencia del Poder Ejecutivo. Este es un factor que, según las voces expertas, se debería entender desde los Gobiernos.
“El Poder Ejecutivo debe considerar la diversidad y conformación de la institucionalidad a la hora de implementar políticas; especialmente si se considera que los problemas estructurales del sector productivo no se resuelven con una directriz”, apuntan.
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Ante ello, cuando aumentan los niveles de autonomía o varía el rango jurídico, se señala que hay que tener conciencia de la necesidad de “mayor gestión política y articulación”.
Más que soluciones como crear un “mega ministerio”, quitar autonomía a entes técnicos o centralizar toda la institucionalidad, el PEN recalca que las políticas públicas deberían contemplar el “ecosistema”. A ello suman que en caso de proponerse reformas institucionales, estas deben apegarse al debido marco técnico.
A ello se unen también tareas pendientes en cuanto a alcanzar más rincones del país y los acuerdos entre los participantes.
“El país requiere una política de desarrollo productivo con un enfoque territorial y sectorial, especialmente para aquellas empresas fuera del GAM que no se dedican al mercado externo. Para construir una política de Estado en este sentido, los gobiernos requieren mediante el diálogo transparente y la gestión política, articular la institucionalidad económica para lograr avances que beneficien a la sociedad costarricense en su conjunto”, cierra la publicación.
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