Paula Ruiz
El fiscal general, Carlo Díaz, pidió a los diputados aprobar un proyecto de ley que es complementario a la Ley contra el Crimen Organizado que entró en vigencia el 30 de mayo.
Se trata del expediente 22.836 que contempla una reforma al Código Procesal Penal que pretende imponen un plazo a los jueces para resolver las peticiones del Ministerio Público.
“Por ejemplo, solicitud de allanamiento, solicitud de intervención y se les pone un plazo. Por ejemplo, de tres días para que se resuelva nuestra petición y no que quede sin un plazo y se pueda extender a través de semanas o meses, y esto perjudica nuestras investigaciones”, especificó.
La solicitud la hizo Díaz el jueves anterior, en un encuentro que sostuvo en la Asamblea Legislativa con Rodrigo Arias, presidente del Congreso, y Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, en la que analizaron la seguridad en el Congreso.
El proyecto
La iniciativa señala que las personas afectadas deben esperar mucho tiempo por diligencias judiciales y, con el objetivo de hacer efectiva la “justicia pronta y cumplida”, es que el expediente implicaría agregar un artículo (el 71 bis) a dicho Código.
Se busca que en causas donde hay una o varias personas protegidas, este tipo de trámites tengan prioridad.
Sobre allanamientos, el plan establece que cuando sea en una casa de habitación, negocio u oficina, el registro debe ser llevado a cabo de forma personal por el juez entre las 6 a.m. y las 6 p.m.
El proyecto especifica que el juez tendría como máximo cinco días hábiles para resolver la petición en casos de tramitación ordinaria, y diez días hábiles en aquellos con declaratoria especial de criminalidad organizada o tramitación compleja.
Esta iniciativa está en la corriente legislativa desde diciembre de 2021 y fue presentado por Carlos Alvarado, expresidente de la República, y Fiorella Salazar, entonces ministra de Justicia y Paz.
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Carlo Díaz (izquierda) pidió a los diputados apurar el proyecto. Rodrigo Arias (centro), presidente de la Asamblea, se comprometió a buscar un espacio en la agenda legislativa para su conocimiento. (Paula Ruiz / El Observador)
Para análisis
El expediente de ley está designado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Rodrigo Arias, presidente legislativo, señaló que buscarán la manera de abrirle un espacio dentro de la agenda legislativa a este proyecto de ley.
“Yo me comprometo que lo vamos a tratar de abrir un espacio dentro de la agenda legislativa para conocer y tramitar y ojalá que aprobarlo lo antes posible”, dijo.
Cabe la posibilidad de que ese espacio se de durante las sesiones ordinarias que inician a partir del 1 de agosto. En ese período y por los siguientes tres meses, los diputados son quienes imponen la agenda del Congreso tras acuerdos entre las fracciones.
