Sergio Arce
Este lunes se conoció en Reino Unido que el gobierno local habría contactado a los gobiernos de cuatro países -entre ellos el de Costa Rica- para analizar la posibilidad de implementar un plan que se espera inicie con Ruanda: expulsar migrantes a estos territorios.
Este plan le permitiría al Reino Unido analizar las solicitudes de asilo de estos migrantes a la distancia, aunque también se promueve que vivan allí de manera permanente.
El Observador dio cuenta de la información publicada por el diario The Times y en el que se indica que las otras naciones que habrían sido contactadas por Londres son Armenia, Costa de Marfil y Botsuana.
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Este medio consultó con Casa Presidencial, que pasadas las 3 p.m. envió la respuesta dada por el canciller, Arnoldo André.
“Hemos compartido con el Reino Unidos los desafíos que tenemos en materia migratoria así como los que ellos tienen. Y está claro que Costa Rica no recibirá ningún inmigrante de ultramar“, expresó.
Sin mencionar a los países contactados, las autoridades británicas confirmaron los acercamientos: el gobierno “sigue trabajando con una serie de socios internacionales para hacer frente a los retos globales de la inmigración ilegal”.
Se estima que cerca de 30.000 personas, principalmente de África, llegaron a Gran Bretaña en botes en malas condiciones en el 2023. The Times apunta a que en lo que va de este año se contabilizan unas 6.000 personas.
¿De qué trata el plan?
La semana pasada, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y el presidente ruandés, Paul Kagame, reafirmaron en Londres su voluntad de comenzar pronto las expulsiones al país africano de inmigrantes llegados de forma irregular al Reino Unido.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, y el presidente ruandés, Paul Kagame, mostraron su unidad para echar andar el plan que expulsaría migrantes a la nación africana (AFP).
Tras el encuentro entre ambos en el número 10 de Downing Street, residencia y lugar de trabajo del primer ministro, el gobierno británico informó en un comunicado que “los dos dirigentes esperan que los primeros vuelos a Ruanda tengan lugar esta primavera” (boreal).
Sunak ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades y quiere poner en funcionamiento el proyecto antes de las elecciones legislativas británicas.
El proyecto de ley que se está examinando insiste en que Ruanda es un país seguro y busca echar atrás las conclusiones del Tribunal Supremo británico, que juzgó ilegal la anterior versión.
Por ahora, el acuerdo con Ruanda le ha costado al Reino Unido al menos $470 millones.
Ping-pong
El texto se encuentra en este momento en una fase de “ping-pong”, donde es susceptible de ir de una cámara a otra hasta que exista un acuerdo en el parlamento británico.
Tras varios debates infructuosos, el texto volverá a la Cámara de los Comunes el 15 de abril.
En diciembre del 2012, la justicia del Reino Unido dictaminó que el controvertido plan es legal.
“El tribunal considera que es legal que el gobierno británico adopte medidas para enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Y que sus solicitudes de asilo se examinen en Ruanda y no en el Reino Unido”, señaló un resumen de la sentencia publicado por el Tribunal Superior en aquel entonces.
The Times informó la semana pasado que el 70% de las casas de una urbanización destinada a acoger a estos futuros inmigrantes cerca de Kigali, capital de Ruanda, habían sido revendidas a residentes locales, según el promotor.
La portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, desmintió esta cifra al periódico y aseguró que el proyecto de Ruanda fue desde el principio mezclar a inmigrantes y a residentes.
Ruanda se presenta a sí mismo como uno de los países más estables del continente africano.
Pero varios grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame de gobernar en un clima de miedo, de reprimir la disidencia y la libertad de expresión.
Con información de AFP
